ECOLOGISMO Y “LA IZQUIERDA”

junio 11, 2014

MIREN GUTIÉRREZ

A pesar de las horas bajas que está pasando el ecologismo a causa de la crisis, por percibirse como un lujo que no nos podemos permitir, en verdad se trata de una corriente tan aceptada en el discurso político que ha entrado incluso en las escuelas de pensamiento más rancias. Políticos de todos los colores han aceptado, al menos de boquilla, que la sociedad y sus estructuras no existen al margen de la naturaleza, sino como partes de ella. La cacería de elefantes en Botsuana no es ya un pasatiempo bien visto, y expresiones como “especies”, “biodiversidad” y “cambio climático” trufan la oratoria de los dirigentes más retrógrados.
Esta aparente integración de los movimientos, ideas y asuntos medioambientales en el discurso político hizo que algunos –como en el teórico holandés de la Universidad de Randboud Marcel Wissenbug– se preguntaran si acaso haya dejado de existir una razón de ser para el ambientalismo como una corriente separada de otras hoy en día. En su libro Liberal Democracy and Environmentalism1, Wissenbug examinaba si la normativa de la democracia liberal había absorbido las ideas fundamentales del ecologismo y si sus instituciones las habían incorporado. Y si así fuera, para qué insistir en algo que ya es, como se dice en inglés, parte del mainstream, de la ideología dominante.
Para mí, este es un debate teórico alejado de la realidad. Aunque haya pasado ya una década desde la publicación de este libro, ni la política ha absorbido el ecologismo de verdad, ni mucho menos se han integrado sus ideas en las instituciones y sus normas, a excepción de algunos casos locales, aislados y ligados a las comunidades. En ningún país.
Por tanto, hay espacio, tanto para el ecologismo puro y apartidista de los movimientos ecologistas, como para el ecologismo dentro de los partidos políticos y los movimientos sociales en general. Mucho espacio. Y lo que más extraña es que la llamada “izquierda” no se haya adueñado de este espacio en ninguna de sus manifestaciones, con la excepción de un partido minoritario como Equo, y no lo haya visto como una oportunidad para hacer verdaderamente política, de izquierdas. Porque así como los colores rojo y morado –que representan la justicia social y la igualdad de oportunidades– son, o deberían ser, propios de la izquierda, el verde también lo es. Porque el ecologismo lleva a la izquierda, y la izquierda al ecologismo.
Grandes retos, poca política
Hipotéticamente, todos los gobiernos deben lidiar con el reto de proporcionar a su ciudadanía bienestar que sea sostenible en el tiempo, y de gestionar lo común, lo público, para el bien tanto general como particular, incluidas las personas más vulnerables. La realidad es que los tiempos y las formas de la política parecen incompatibles con algunos de los retos más importantes que plantea el medioambiente (o más bien la huella humana en él), como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Ese reelegirse cada cuatro años, ese financiarse desde el sector privado, sin límites y con opacidad –gracias, en el caso probado del PP, a la contabilidad B–, ese concubinato con las grandes empresas y compromiso con sus beneficios no casan bien con grandes retos a los que nos enfrentamos, que se cuentan en décadas y que demandan una visión de largo plazo y acuerdos por el bien común.
¿Cómo explicar si no los pocos incentivos para la inversión “ética”, el “desarrollo compatible con el clima” y el “crecimiento y el empleo verde”? Quizás parte de la explicación está en el fenómeno de las puertas giratorias.
Ondas de energía positiva
La relación entre las puertas giratorias y el medioambiente queda clara si echamos un vistazo al sector eléctrico, porque, según un informe de Amigos de la Tierra de 2013: “las puertas giratorias españolas son eléctricas”2. El Expresidente, José Maria Aznar (PP) fue asesor externo para Latinoamérica de Endesa (empresa que fue privatizada durante su mandato), mientras que Felipe González (PSOE) es Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa. También en Endesa ha recalado Elena Salgado (PSOE), exministra de Economía, como Consejera de Chilectra, filial de Endesa en 2013. Mientras que el Exconsejero de Endesa Luis de Guindos (PP) es Ministro de Economía; Pedro Solbes (PSOE) es Consejero de ENEL (que controla el 92% Endesa); y Manuel Roca (CIU), Exportavoz del Congreso, fue Presidente del Comité de Auditoria de la misma empresa. Red Eléctrica –empresa con capital público (20%)– atrajo a Luis Atienza (PSOE), exministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, y a José Folgado (PP), exsecretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa. En ámbitos más cercanos tenemos el ejemplo de Josu Jon Imaz (PNV), quien es actualmente Consejero Delegado de Repsol.La lista suma y sigue.
Ya me imagino a los aficionados a los “y tú más”. Ejemplos de puertas giratorias hay en todos los países democráticos, dirán. Y tendrán razón. RevolvingDoorWatch,3 por ejemplo, recoge decenas de casos de diputados, comisionados de la UE y funcionarios de todo pelaje que pasan de la política a ser lobistas o tener un cargo importante en la industria, y viceversa. Pero que lo hagan otros no lo legitima, solo quiere decir que es omnipresente, que hay pocos incentivos para corregirlo y que, por ello, es difícil de erradicar.
Siendo directora de Greenpeace España, en 2011 publicamos Energía 3.04, un informe en el que demostrábamos que, con los recursos y la geografía actuales, era posible satisfacer todas las necesidades de energía estatales en todos los sectores (transporte, edificación, industria, uso doméstico) exclusivamente con energías renovables, y que se podía hacer de forma sostenible y productiva. ¿Qué ha pasado desde entonces? Las primas para incentivar las renovables se fueron reduciendo y en junio se sustituyeron por un nuevo régimen que suponía un recorte de 1.700 millones de euros para apoyar las energías limpias. Y eso, ¿por qué? Porque es lo que le conviene a UNESA, la patronal de las cinco eléctricas de este país (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.ON y EDP).
Y en medio de la crisis, Red Eléctrica arrancó 2014 con un ligero repunte de las ganancias, con un beneficio neto de 158,7 millones de euros en el primer trimestre, 6% más que en el mismo periodo de 2013. Y las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en España, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ganaron 1.803 millones de euros en el primer trimestre del año, un 2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar de las medidas regulatorias aprobadas por el Gobierno5.
La ley de incompatibilidades española6 dice que los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años en los que existen limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas y abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido. A juzgar por la afición de los políticos españoles a este lucrativo sector y a los pingües salarios que otorga a sus directivos y consejeros, esta ley es claramente insuficiente.
Mi teoría asimismo es que las renovables tienen el potencial de ser más democráticas que el sistema actual, basado en combustibles fósiles y nucleares, costosos y cada vez de más difícil acceso y en manos de unos pocos. Al depender de tecnologías y recursos más asequibles, con los incentivos adecuados, las renovables pueden poner el poder de generar energía en manos de la gente. Además, este sector prometía una creación de empleos que no podrá generar, por ejemplo, la futura explotación petrolífera de Repsol en Canarias7. El sector de las renovables contabilizaba en 2012 entre 400.000 y más de medio millón de empleos verdes (2,2% del empleo total, 25.000 millones de euros anuales, un 2,4% del total del PIB), de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)8. El informe citaba datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y de la Fundación Biodiversidad (FB) que indicaban que más de un millón de empleos verdes podrían ser creados hasta 2020 en España si recibían el apoyo de políticas públicas e incentivos.
No sólo en el sector eléctrico, sino en todos, faltaría además una política que hiciera aflorar las externalidades (negativas)9 –daños colaterales– en los precios de los productos y los servicios. Aunque las definiciones varían, en 2013 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculaba10 que, incluyendo externalidades después de impuestos como las emisiones, los perjuicios en la salud y la reducción de recursos, los subsidios11 a los combustibles fósiles alcanzaban los 1.9 millones de millones de dólares, 2.5% del producto interior bruto mundial. En comparación, las subvenciones a las renovables apenas llegan a 88 mil millones de dólares globalmente. Faltaría, pues, terminar con que los costos reales de producción, los errores y las transgresiones se trasladen a la sociedad en forma de externalidades, mientras que los beneficios vayan a los bolsillos de los directivos y sus accionistas.
Eso sería hacer política que favorezca a la mayoría, a los más vulnerables, y liberar fondos para poner en práctica políticas sociales.
El derrame del Prestige de 2002 supuso el mayor desastre ambiental en la historia de España y de Portugal. Pero ninguna autoridad o cargo político fue encontrado culpable. Otros ejemplos de externalidades inasumibles fuera del sector energético son los vertidos que la empresa Fertiberia fue depositando en Huelva durante cuarenta años: 1.200 hectáreas de terreno en el que se acumulan más de 100 millones de toneladas de residuos tóxicos vertidos a escasos metros de áreas urbanas. O los residuos nucleares en general: absolutamente nadie puede garantizar hoy que estarán herméticamente sellados durante las decenas, incluso centenas, de miles de años durante los que seguirán activos.
Si todo esto se regulara de verdad, emitir CO2, dañar la salud de la gente, contaminar y verter tóxicos alegremente no sería rentable. Lo barato seria hacer las cosas bien. Y los mecanismos que tiene un país para movilizar al sector privado y al público –incluidos impuestos, subvenciones y regulación– serían coherentes con los discursos políticamente correctos que hablan la “biodiversidad”, las “especies”, “igualdad de oportunidades” y el “bienestar”.
Los más listos del planeta ya están tomando medidas. La universidad de Standford, en Estados Unidos, por ejemplo, anunció12 en mayo que se desprendería de 18.700 millones de dólares que tiene invertidos en empresas que explotan el carbón, el combustible fósil más dañino para el clima. China, que se ha convertido en el mayor emisor de gases efecto invernadero (los causantes del cambio climático)13, prometió en junio también que pondría un techo a sus emisiones de CO2 y es líder en producción de energía renovable en el mundo14. En 2013, también en China, la nueva capacidad eléctrica de fuentes renovables superaba a la nueva capacidad generada por combustibles fósiles y nucleares por primera vez en la historia, según un informe de la organización REN21.15 Y cada vez más ciudades, regiones y estados ‘inteligentes’ están haciendo una transición para cubrir el 100% de sus necesidades energéticas con recursos renovables, desde Yibuti a Escocia y la pequeña isla de Tuvalu. España, que llegó a ser pionera, cada vez se queda más atrás.
Y sin embargo, estos cambios se podrían planear de forma escalonada, explicada y de acuerdo con lo que nos dice la ciencia, no los políticos. Pero ningún partido ha tomado esta bandera.
¿Y los acuerdos globales?
¿Y qué decir de la política internacional y los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad? Los informes más serios y globalmente aceptados de organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido por sus siglas en inglés IPCC) y el Banco Mundial contemplan escenarios como los siguientes: la desaparición del trigo en África para 2030; serios problemas para acceder a agua potable en España y el sur de Europa, Centro y Suramérica, África y Oriente Próximo; y la desaparición de islas enteras sepultadas por las aguas del Pacífico. Cada vez más frecuentemente, episodios de clima extremo (como la ola de frío polar que asoló el sur de Estados Unidos, el devastador tifón que arrasó Filipinas el año pasado, o la lluvia torrencial que ha anegado Gran Bretaña éste) nos recuerdan el potencial catastrófico de los mal llamados desastres “naturales”. Porque nada tienen de natural. El IPCC demostró hace tiempo que el cambio climático que experimentamos actualmente tiene su causa en la actividad humana. Y aunque la relación directa de un desastre concreto con el cambio climático es difícil de establecer, lo cierto es que estos desastres serán cada vez más frecuentes, extremos y duraderos. El cambio climático además tiene el potencial de impedir más avances en el desarrollo y la lucha con la pobreza, incluso de revertirlos, a través de sus impactos en las cosas que más importan a la gente como la salud, la educación o un trabajo digno.
Sin embargo, la enormidad de este problema no se ha traducido en políticas internacionales concretas y vinculantes, ni tampoco ningún partido estatal ha tomado esta bandera. Es decir, lo que sabemos que va a pasar como resultado de un clima que cambia rápidamente no se ha traducido en medidas para evitarlo. En Naciones Unidas, las actuales negociaciones para establecer unos nuevos objetivos de desarrollo que sucedan a los Objetivos del Milenio en 2015 y un nuevo compromiso para el clima que sustituya al Protocolo de Kioto, también en 2015, se dan en paralelo, como si ambos asuntos tuvieran poca relación.
La ciencia nos indica que, para esa fecha, tiene que estar en marcha un recorte radical de emisiones de CO2 y tienen que financiarse medidas que ayuden a los países más pobres –y menos responsables de causar el cambio climático– a adaptarse a los cambios irreversibles. El objetivo es no superar los 2°C de incremento (algo a lo que ya estamos por desgracia abocados) y permitir, no sólo salvar vidas, sino poder asegurar un sustento digno y sostenible a las comunidades más vulnerables y menos culpables. Por eso, los acuerdos internacionales para el clima y para el desarrollo deberían discutirse y negociarse conjuntamente.
Cito a continuación las conclusiones de un informe que acaba de publicar el Overseas Development Institute (ODI)16 –el mayor centro de investigación para asuntos de desarrollo de Gran Bretaña. En él, dos expertos y ésta que les escribe revisamos más de cien publicaciones científicas para determinar qué dice la ciencia de cómo golpeará globalmente el cambio climático en la seguridad alimentaria y la agricultura; en el acceso a la energía, agua e higiene; en la salud; en la reducción de la pobreza; en la educación; en la igualdad de género y de oportunidades; en la seguridad; y en el trabajo. Resumiendo, en todas aquellas cosas que preocupan e importan a laspersonas. Descubrimos que, por ejemplo, la igualdad de género se verá impactada a través de áreas como la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua, a su vez golpeadas por el cambio climático. Sabemos que, en 38 de los 48 países examinados por Naciones Unidas en un informe de 201017, las mujeres (de más de quince años) son las responsables de buscar y recoger agua potable. Cuanto más difícil sea esto por falta de agua, más lejos tendrán que caminar, peor será su salud, menos tiempo tendrán para formarse. De la misma forma, la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura se verán afectadas por el cambio climático, y su deterioro tendrá un efecto dominó en la salud, el empleo, el bienestar e incluso la seguridad de las personas vulnerables. En suma, los impactos del cambio climático en las diversas áreas del desarrollo son profundos y amplios. Y cuando se habla de desarrollo, se debería pensar en el cambio climático. Porque sería injusto lidiar con el cambio climático sin pensar en las personas; pero es insensato afrontar el desarrollo sin tener en cuenta el cambio climático.
En 2015, el mundo tiene una oportunidad de hacerlo bien. Aunque sólo sea por el enorme riesgo que implicaría seguir como hasta ahora, se debe poner el cambio climático en medio de los esfuerzos por acabar con la pobreza, por complicado que esto sea. Tampoco la “izquierda” ha tomado la bandera de la lucha contra el cambio climático y la pobreza.
Democracia y ecologismo, de la mano
La existencia de organizaciones ecologistas está estrechamente ligada al desarrollo de los sistemas democráticos y al progreso de las libertades civiles. Una prueba de ello es la reacción de las organizaciones ecologistas a los recortes a las libertades que supone la nueva Ley para la Seguridad Ciudadana. El año pasado, Kumi Naidoo, director de Greenpeace Internacional, en una entrevista que me concedió, relacionaba la crisis económica con una reducción de las libertades que perjudica directamente al activismo ecologista.18
El movimiento ecologista o ambientalista es muy variado. Tiene en común la protección (¿conservación?) del medioambiente, pero ahí termina lo común. Porque si se profundiza un poco en las distintas corrientes ecologistas, emergen diferentes planteamientos, desde los ecocéntricos (enfocados en la defensa y preservación de los ecosistemas y a las especies) hasta los antropocéntricos. Yo hablo desde esa última corriente, la antropocéntrica y humanista, que pone a las personas en el centro de la razón de ser del ecologismo. Un ecologismo que postula que es necesario hacer cambios fundamentales tanto en las políticas ambientales como en los sistemas productivos, energéticos, económicos y financieros de todos los estados del mundo.
Todos estos temas se tocan continuamente por separado y en debates teóricos alejados de la acción política. Y yo digo que son política y que son ahora. No son apuestas de hippies ecologistas ni de políticos demagogos sino de democracia y de ciencia. La “izquierda”, si es coherente, debe incorporar el discurso ecologista antropocéntrico a su ideario, pero de verdad, con compromisos tangibles, tanto en lo local como en lo global. Y digo antropocéntrico porque la preocupación por las personas, sobre todo las más desfavorecidas, y la preocupación por la igualdad de oportunidades es la bandera de la “izquierda” y es también ecologista.
Que no den miedo las etiquetas de idealista o radical. Lo mismo se decía de los movimientos que apoyaron el sufragio universal o la prohibición de la esclavitud, sostén de todo un sistema económico.
NOTAS:
1 M. WISSENBURG and Y. LEVY (Eds). Liberal Democracy and Environmentalism: The End of Environmentalism? London, Routledge, 2004.
2 Ver http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1720
3 Ver http://corporateeurope.org/revolvingdoorwatch
4 Ver http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Frenar-el-cambio-climatico/Revolucion-Energetica/Energia-30-/
5 Ver http://www.deia.com/2014/05/12/economia/la-tres-grandes-electricas-ganan-un-2-gracias-al-empuje-de-iberdrola
6 La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
7 Al contrario; al perjudicar un sector como el turístico, esta actividad podría traducirse en una pérdida de puestos de trabajo. Porque ¿quién quiere irse de vacaciones a un lugar con vistas a una plataforma petrolífera y bañarse en una playa con chapapote?
8 Ver http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/documents/publication/wcms_186719.pdf
9 Jean-Jacques Laffont da una definición de uso común: Las externalidades son efectos indirectos de las actividades de consumo o producción, es decir, los efectos sobre agentes distintos al originador de tal actividad (y) que no funcionan a través del sistema de precios.
10 Ver https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1393.htm
11 La arquitectura de los subsidios a los combustibles fósiles es muy compleja, e incluye subsidios al consumo, no solo a la producción. Para profundizar en este tema, recomiendo la lectura de los informes publicados por ODI, como Time to changethegame (ver http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8668.pdf) y At cross-purposes: subsidies and climate compatible investment (ver http://www.cbd.int/financial/climatechange/g-subsidyclimate-odi.pdf)
12 Ver http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/10/actualidad/1399676503_468498.html
13 Aunque sus emisiones per cápita siguen estando muy por debajo de las de los países desarrollados.
14 Con una capacidad instalada de 152 gigavatios.
15 Ver http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf
16 Ver http://www.odi.org.uk/zero-poverty
17 Ver https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW_full%20report_color.pdf
18 M. GUTIERREZ. We shouldn’t have to do the job of the journalists, London: Index on Censorship, 2013.



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