SINE IURISDICTIONE NULLA EST DEMOCRATIA PERFECTO

noviembre 30, 2020

ANDRÉS IBÁÑEZ

Cabe que el título que encabeza este texto
–y más, si solemnizado en latín– sugiera
la existencia en su autor de algún ánimo
de provocación. Pero entiendo que la atribución
de semejante propósito sólo sería
plausible, en el caso de que aquél tuviese
como referente un modo de ser y de relación
entre los dos polos del par, jurisdicción
y democracia, que no fuera el prescrito por
los textos fundamentales que hoy rigen en
países como el nuestro, en cuyo marco, entiendo,
la afirmación es del todo pertinente,
incluso obvia.
En el estado liberal de derecho, prácticamente
a lo largo de todo su desarrollo,
la administración de justicia fue apenas
una articulación burocrática, políticamente
compacta, una más entre las integrantes
del aparato estatal. Con algunas particularidades
diferenciales, pero carentes de
trascendencia en lo sustancial, pues nunca
representaron un obstáculo para su eficaz
integración subordinada bajo la disciplina
del ejecutivo1. Esto, por el cauce de un diseño,
el napoleónico2, que, a partir de un
proceso de selección inicial muy condicionado
políticamente, organizó a los jueces
en un entramado piramidal, férreamente
jerarquizado, gobernado por un vértice
judicial directamente integrado en los medios
del poder en acto, con el efecto de una
práctica anulación de la capacidad de independencia
en la aplicación del derecho y
la resolución de las causas.
Tal modo de articulación judicial es, originalmente,
la que corresponde a un sistema,
el propio del “estado monoclase”3, en
el que la inmensa mayoría social, con sus
intereses y expectativas, estaba rigurosamente
expulsada del ordenamiento jurídico-
político y de sus instituciones. La situación
sólo comenzaría a evolucionar, lentísimamente,
con la introducción del sufragio
universal. En una dinámica nunca lineal,
con más retrocesos que avances, que llega
hasta nosotros, sin haber dejado nunca el
campo.
En semejante contexto, la relación juez/
democracia fue siempre inexistente o negativa,
pues los valores que ésta implica resultaron
totalmente ajenos a la judicatura, tanto
en el plano orgánico como en el cultural.
Algo lógico, ya que la institución estaba
pensada, básicamente, para ejercer tareas
de control social y prestar el servicio político
consistente en frenar, incluso criminalizar, la
amplia gama de conductas que, en marcos
democráticos normalizados, constituyen hoy
el ejercicio de los derechos básicos. Tanto
que, históricamente, el desarrollo y afianzamiento
de estos debió producirse en pugna
con criterios jurisprudenciales siempre reductivos
en la materia4.
El (anti)modelo de referencia, puede
decirse, tuvo su momento de la verdad en
las experiencias nazi-fascistas que en su
día asolaron el continente europeo: cuando
(con excepciones apenas individuales)
las magistraturas de los países implicados
siguieron a los propios estados en su involución
autoritaria, hasta integrarse, de
la forma más funcional, en sus proyectos,
no simplemente dictatoriales, sino directamente
criminales. Andando el tiempo, se
registraría un fenómeno similar en el caso
de dictaduras tan emblemáticas como la
chilena de Pinochet o la de los militares argentinos.
Luego, se dio la circunstancia de que la
compacidad ideológica y la consistente homogeneidad
política, contribuyeron a dotar
a las burocracias judiciales así constituidas
de una consistente estabilidad e impermeabilidad
a los cambios de signo progresivo.
La prueba está en lo sucedido en las distintas
transiciones democráticas producidas en situaciones
de continuidad institucional, que,
por lo general, han conocido conflictos de
distinta intensidad, debidos a la resistencia
activa y militante de las correspondientes
magistraturas o de connotados sectores de
las mismas, a aceptar y aplicar las nuevas
legalidades de inspiración constitucional
avanzada5.
De las vicisitudes aludidas (la alemana
y la italiana, en particular) se sigue una
evidencia: que la democracia representativa
de corte liberal, su ordenamiento y sus
instituciones, carecían de aptitud suficiente
para garantizar la calidad de la democracia
misma y la bondad de los resultados
de la política. Evidencia que daría lugar
a una riquísima reflexión en marcos como
el de la Asamblea Constituyente que alumbró
la vigente Constitución italiana. Allí se
hizo patente que el tipo de estado al que
se viene aludiendo no superaba el test del
artículo 16 la Declaración de Derechos de
1789: “Toda sociedad en la que la garantía
de los derechos no está asegurada, ni
la separación de poderes establecida, no
tiene Constitución”6. Y es que, como había
anticipado lúcidamente Constant, “la limitación
abstracta de la soberanía no basta”7;
o dicho con Siéyes: “una Constitución, o
es un cuerpo de leyes obligatorias o no es
nada”8. Pues, en efecto, cuando la Constitución,
en materia de derechos, que es como
decir de límites al poder, se reduce a una
declaración de intenciones, y, por ello, la
garantía jurídica opera solamente en el papel,
acaba por afirmarse inexorablemente
la total autonomía de la política. Y, a estas
alturas, hay buena constancia empírica
acerca de que ésta, librada exclusivamente
a su propia dinámica, es incapaz de controlarse
a sí misma.
Por eso, en aquel momento fundacional
del más moderno constitucionalismo,
expresivo de un auténtico “¡nunca más!”
frente a los horrores del pasado próximo,
se dirigió la mirada hacia el derecho, visto
en una nueva perspectiva: la de los derechos
fundamentales ocupando el vértice de
la kelseniana pirámide, con jurídica vocación
de efectividad. Lo que, dicho expresivamente
por Ferrajoli, equivalía a “injertar
una dimensión sustancial no sólo en el derecho
sino también en la democracia”9. Por
la razón elemental de que, en palabras de
Häberle, “es a través del ejercicio individual
de los derechos fundamentales, [como] se
realiza un proceso de libertad que constituye
un elemento esencial de la democracia”
10, de otro modo inexistente como tal.
Y es por lo que Krüger pudo escribir con
acierto que “[antes] los derechos fundamentales
sólo valían en el ámbito de la ley
[pero hoy] las leyes sólo valen en el ámbito
de los derechos fundamentales”11. En rigor,
las leyes, las prácticas institucionales y las
de los actores políticos en general; pues, de
otro modo: ¿para qué? y, sobre todo, ¿para
quién?: unas y otras.
Como es sabido, en coherencia con este
planteamiento de base y a fin de proveer
a los derechos fundamentales de una garantía
eficaz, la Constitución italiana dio
un paso de extraordinaria relevancia en el
tratamiento del –ahora sí– “poder judicial”,
concretado en la decidida consagración
normativa del principio de independencia
en sus dos vertientes, externa e interna. Lo
primero, para extraer la gestión del estatuto
del juez de la disciplina del ejecutivo,
dotándola de un inédito soporte, el Consiglio
Superiore della Magistratura12 órgano
de integración mixta; al tiempo que se
hacía del ministerio público una instancia
independiente. Lo segundo, mediante la introducción
en el texto fundamental de un
precepto de alcance ciertamente revolucionario
en el plano organizativo: “Los magistrados
se distinguen entre sí solamente por
la diversidad de funciones” (art. 107,3),
que llevaría, en su desarrollo, a la abolición
de la vieja carrera, histórico instrumento
de gobierno (político), destinado a
hacer, dentro de ésta, de la jerarquía, una
verdadera longa (o brevi) manu del poder
ejecutivo.
En el caso de España, por razones bien
conocidas, que aquí no cabe analizar13, el
Consejo General del Poder Judicial –esa
institución partitocráticamente devastada–
no ha desempeñado la función de garante
de la independencia que normativamente le
correspondía, ni ha contribuido a promover
entre los profesionales de la justicia los
valores constitucionales de ésta14. Pero, con
todo, la extracción del gobierno de la magistratura
del marco propiamente jurisdiccional
y el hecho de que el estatuto del juez
está entre nosotros legalmente garantizado,
en términos razonables, han posibilitado
un apreciable desarrollo de la dialéctica
democracia política/administración de justicia
propia del tipo estatal de referencia.
Siempre, con las carencias inevitables, debidas
a cierto endémico déficit de cultura
institucional y a la incalificable “dimisión”
de su papel constitucional del órgano de
garantía.
La notable ampliación del área de la
legalidad implícita en las aludidas transformaciones
conllevaría un importante crecimiento
del campo de lo “justiciable” y, en
consecuencia, también un reforzamiento del
rol de la jurisdicción, investida ahora de la
responsabilidad de valorar, en toda clase
de procesos, la constitucionalidad de la ley,
antes de aplicarla. Que es por lo que, ha
escrito bien Prieto Sanchís, “la justicia constitucional
verdaderamente indispensable no
Sine iurisdictione nulla est democratia
es la del Tribunal Constitucional, sino la de
la jurisdicción ordinaria”15.
Aparte las consecuencias de índole estrictamente
institucional, la entrada en juego
del nuevo modo de articulación interna
de la instancia judicial tuvo otras de notable
importancia, en lo que se refiere al
perfil del juez resultante. Fue así, porque
la abolición de la “carrera”16, aun siendo
sólo relativa en el caso de nuestro país, y
el desplazamiento del “gobierno político”17
a un órgano externo a aquella, contribuyeron
activamente al desarrollo (en algún
sector de profesionales) de una nueva cultura
y práctica de la independencia. Y,
consecuentemente, a la difusión del pluralismo
en el medio judicial, a su apertura a
la sociedad y a la puesta en marcha de un
fértil proceso de interacción con ésta, cuyo
resultado más patente es la crisis del monolitismo
de las viejas dinámicas corporativas
que habían hecho de la magistratura
un cuerpo tan separado de la ciudadanía
como abierto a la directa influencia del poder
en acto, por más antidemocrático que
fuera su perfil.
Retomando la consideración del segundo
de los términos del par, a la luz del vigente
paradigma jurisdiccional, no cabe
duda, entre aquél (democracia política) y la
rígida proclamación normativa de los derechos
fundamentales, hay un nexo profundo
de orden conceptual, toda una implicación
necesaria. Por lo que la democracia, para
no mentirse a sí misma, tendrá que ser, no
sólo procedimental, sino materialmente
constitucional. Es decir, vinculada, tanto en
los modos de proceder y de decidir como
en los contenidos de las decisiones, por ese
“derecho sobre el derecho”18,que son los
derechos fundamentales, que debe acotar
también el territorio y el horizonte de la política.
De otra parte, y por idéntica razón de
coherencia del modelo, los derechos fundamentales,
en todas sus dimensiones19, deberán
estar dotados de un efectivo régimen
jurídico de garantías, encomendado, como
constitucionalmente lo está, al poder judicial.
Dotado, a su vez, del imprescindible estatuto
de independencia, en los planos externo
e interno, que es lo que le habilitará para
operar, erga omnes, con exclusiva sujeción
a la ley.
Es como –a pesar del siempre insuficiente
desarrollo del paradigma– puede
afirmarse, el judicial ha dejado de ser un
simple momento burocrático, uno más de
los del estado-aparato, para adquirir un
peculiar estatus, que lo sitúa en cierto modo
a caballo entre el estado y la sociedad20.
En efecto, pues, en los países de nuestro
ámbito de cultura, con las inevitables diversidades,
el histórico instrumento de puro
control social, ha pasado a convertirse,
obviamente sin dejar de serlo, también en
instancia de garantía de derechos, con inéditas
posibilidades de intervención en este
campo.
Tal transformación relevante de la jurisdicción,
unida al aludido afloramiento del
pluralismo político-cultural en su interior, ha
ido incidiendo en la forma de proyección
práctica del ordenamiento, mediante su
apertura –y, con él, de todo el orden institucional–
a nuevas demandas, a las que, de
otro modo, habría seguido siendo del todo
insensible. En concreto, la nueva permeabilidad
cultural del medio, al diversificarlo
internamente en un grado apreciable, lo
ha hecho más funcional al orden jurídico-
constitucional vigente, también internamente
contrastado, como corresponde a la
expresión jurídica de ese politeísmo de los
valores que connota a la democracia constitucional.
Esto ha producido el efecto de que –según
Rodotà– “la jurisdicción no sea sólo un
lugar de ‘neutralización’ de los conflictos”
sino también “un lugar de visibilidad […]
de los conflictos nuevos […] un lugar donde
sujetos, de otro modo excluidos de los tradicionales
lugares institucionales, consiguen
hacer sentir su voz. Por tanto, un canal para
la representación política, con un innegable
enriquecimiento del proceso democrático en
su conjunto”21. El propio Rodotà ha hecho
ver que, en terrenos, cabría decir “de frontera”,
desde el punto de vista del derecho,
como lo es el de la bioética, se plantea hoy
con particular intensidad la alternativa entre
dos modelos culturales de tratamiento: el jurisdiccional
y el de la legislación22. Naturalmente,
no se trata de una opción radical y en
términos excluyentes, que no cabría en ningún
caso; pues ni el legislador puede dejar
de ser y sentirse interpelado y de responder
a la demanda social; ni su respuesta, desde
la generalidad de la ley, podría prescindir de
la mediación judicial. Pero la cuestión es que
existen, con tendencia a multiplicarse, problemas
en gran medida abiertos y, en todo
caso, muy tensionados, que no son objeto
de un abordaje legislativo capaz de reducir
a unidad el antagonismo de las posiciones,
por vía de síntesis o primando unilateral, y
definitivamente una de ellas, que sería la forma
de pacificar normativamente el conflicto.
Y que por eso “aterrizan” abruptamente en
el “palacio de justicia”.
Existe otro campo de actuación, al que
la jurisdicción se ha visto llamada por imperativo
de legalidad, que ha ampliado de
manera exponencial la extensión, la intensidad
y la trascendencia política de sus intervenciones.
Es el representado por la respuesta
a las ilegalidades criminales de los
sujetos públicos, que habitualmente giran
bajo la etiqueta de “corrupción”, en que tan
pródigas han demostrado ser nuestras precarias
democracias. Hasta el punto de que
muy bien puede decirse, sin un ápice de
exageración, que se trata de un fenómeno
estructural, que ha puesto de relieve que los
correspondientes sistemas institucionales no
soportan su propio derecho de inspiración
constitucional y necesitan transgredirlo gravemente
para mantenerse y reproducirse en
sus constantes23.
La experiencia de estos años es realmente
demoledora, por la evidencia de que la política
y sus instituciones han llegado a competir
con la calle en la generación de delincuencia.
De ello hablan, de forma bien elocuente, los
cientos de procesos abiertos al respecto, que
anegan los juzgados y que, seguramente, podrían/
deberían ser muchos más, si se repara
en la importancia de la cifra oscura en esta
clase de fenómenos criminales. Con el efecto,
todavía más impactante de que personas que
han desempeñado (y a veces desempeñan
aún) altas responsabilidades políticas, no han
dudado en acudir a estrategias de deslegitimación
de la jurisdicción y a otras “de ruptura”,
propias de los justiciables antisistema,
en la conocida tipología de Vergès24. A tenor
de estas circunstancias, me parece pertinente
concluir que la tradicional pobreza de la
dotación (de recursos e incluso cultural) de
las magistraturas, y el carácter siempre re-
Sine iurisdictione nulla est democratia
ductivo de su tratamiento legislativo, podría
hallar aquí una razonable explicación retrospectiva
de su endémica razón de ser. Y de la
resistencia a hacer que esta instancia llegue a
ocupar, en el marco del estado, todo el (fundamental)
espacio que constitucionalmente le
correspond25.
Es obvio que –como he escrito más veces–,
mi reivindicación del papel de la jurisdicción
en el estado constitucional no tiene
nada que ver con la idea peregrina de que
esta sea el “poder bueno” en un contexto
de poderes perversos. Primero, porque, en
rigor, seguramente no hay poder ”bueno”;
y la bondad que pudiera predicarse de los
órganos de poder es sólo la derivada de una
actuación respetuosamente ajustada a su régimen
de garantías, en la forma y el fondo
de las decisiones. Y, además, porque, dadas
estas precondiciones, lo que hará bueno al
poder judicial (el del juez o tribunal competente
encargado de “decir el derecho” en el
caso concreto) es su condición de “poder
otro”, en la actuación y el restablecimiento
del orden jurídico eventualmente conculcado.
Volviendo sobre el título de estas páginas;
es el caso de insistir en la necesidad de
que la política democrática cuide, diligente
y preventivamente, de la limpieza de su
propio ámbito, con lo que, de ser así, estaría
impidiendo las ocasionales “invasiones”
jurisdiccionales del mismo. Y permitiendo
que los jueces y tribunales pudieran dedicarse,
no a la paradójica tarea de perseguir
delitos y a delincuentes dentro de las
instituciones, sino a dar respuesta a los que
emerjan en los medios sociales, y, satisfacción,
a las legítimas demandas procedentes
de la ciudanía.
Por lo demás, y en fin, hay que decir
que la subsanación de las deficiencias de la
administración de justicia, que son muchas,
tendría que abordarse por una vía en buena
medida inédita hasta la fecha: la de un coherente
desarrollo y profundización en ella del
modelo constitucional. Que reclama, junto a
una política limpia y limpiamente basada en
el principio representativo correctamente interpretado,
una jurisdicción independiente y
bien dotada, tanto en el plano de los medios
como en el cultural de sus integrantes, y con
un órgano de administración de la misma
y de garantía que, desde luego en España,
bien lamentablemente, le falta.
1
NOTAS
1 Como ha escrito M. Taruffo: “la historia de la magistratura […] ha sido […] hasta las constituciones
de la posguerra, una historia caracterizada por el control directo y penetrante del poder político sobre
la magistratura”, esto, en un texto muy significativamente titulado “Jueces y política: de la subordinación
a la dialéctica”, en Varios autores, F. Ojesto, J. Orozco y R. Vázquez (eds.) Jueces y política, Porrúa-TRIFE-
ITAM, México, 2005, p. 24. Cfr., asimismo, en la materia, S. Senese, “Aparato judicial y lógica del
sistema”, en Varios autores, Política y justicia en el estado capitalista, edición de P. Andrés Ibáñez, Fontanella,
Barcelona, 1978, pp. 153 ss.
2 De este asunto me he ocupado en detalle en Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado
constitucional, Trotta, Madrid, 2015, cap. IV, pp. 93 ss.
3 Cfr. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. cast. de M. Gascón Abellán,
Trotta, Madrid, 112016, pp. 31-32.
4 Sobre esta dimensión del papel de las magistraturas, concretada al emblemático caso de Italia, cfr:
G. Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922, Laterza, Bari, 1969.
5 Al respecto es del mayor interés la italiana “guerra de las Cortes”, suscitada por la resistencia de la
Casación a aplicar la Constitución, lo que dio lugar a diversas intervenciones de la Corte Constitucional,
que hizo prevalecer el texto fundamental (cfr. al respecto, P. Calamandrei, “La Costituzione e le leggi per
attuarla” y A. Battaglia, “Giustizia e política nella giurisprudenza”, en Varios autores, Dieci anni dopo
1945-1955, Laterza, Bari, 1955, pp. 209 ss. y 317 ss., respectivamente; (del primero hay trad. cast.
con estudio preliminar de P. Andrés Ibáñez, P. Calamandrei, La constitución inactuada, Tecnos, Madrid,
2013). Puede verse también con provecho, R. Canosa y P. Federico, La magistratura in Italia dal 1945 ad
oggi, Il Mulino, Bolonia, 1974, pp. 327 ss.
6 “Los derechos fundamentales son limitación del poder y división de poderes”, P. Häberle, Le libertà
fondamentali nello stado costituzionale, trad. it. de A. Fusillo y R. W. Rossi, introducción de P. Ridola, La
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, p. 177.
7 B. Constant, Curso de política constitucional, trad. cast. de M. A. López, Imprenta de la Compañía,
Madrid, 1870, p. 17.
8 J. E. Sièyes, Opere e testimonianze politiche, Milán, 1993, p. 814, cit. por P. P. Portinaro, “Dal custode
della costituzione alla costituzione dei custodi”, en G. Gozzi (ed.) Democrazia, diritti, costituzione. I
fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, Il Mulino, Bolonia, 1997, p. 417.
9 L. Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. cast. de P. Andrés Ibáñez y A. Greppi,
prólogo de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 82016, p. 23. Pero, sobre todo, en Derecho y razón, trad.
cast. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, R. Cantarero, A. Ruiz Miguel y J. Terradillos, Trotta, Madrid,
102011, pp. 883-884 y 934-935 y Principia iuris, trad. cast. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, M.
Gascón Abellán, L. Prieto Sanchís y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 22016, I, pp. 414-415 y 872-874.
10 P. Häberle, op. cit., p. 51.
11 H. Krüger, cit. por O. Bachof, Jueces y constitución, trad. cast. de R. Bercovitz, Taurus, Madrid,
1963, p. 30.
12 Cfr. al respecto, de A. Pizzorusso, “La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura”:
Jueces para la Democracia. Información y debate, trad. cast. de P. Andrés Ibáñez, 24 (1995), pp.
Sine iurisdictione nulla est democratia
– 26 –
Grand Place 10
65 ss. Se trata de un trabajo particularmente interesante, porque ilustra muy bien sobre las virtudes del
modelo original de la institución, y permite entender por qué y hasta qué punto su encarnación española
ha resultado catastrófica.
13 Al respecto, puede verse D. Íñiguez Hernández, El fracaso del autogobierno judicial, Fundación
Alfonso Martínez Escudero-Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008. También, P. Andrés Ibáñez,
Tercero en discordia, cit., pp. 182 ss.
14 Ello debido, sobre todo, a la perversión de la política de nombramientos, no inspirada en los valores
constitucionales de inexcusable referencia, sino movida esencialmente por cierto tráfico de distintas
influencias.
15 L. Prieto Sanchís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, p. 170..
16 En efecto, pues aun cuando la carrera sobrevive en algunos de sus aspectos, lo cierto es que ahora
la dinámica de las instancias y recursos se desenvuelve, al margen de cualquier tipo de relaciones jerárquico-
administrativas, en un régimen de horizontalidad, en lo relativo al estatus orgánico de los profesionales
que intervienen en ella.
17 Que ideal-constitucionalmente –pero no en el caso de España (debido a la intensa politización
partidista del Consejo General)– tendría que haber sido “administración de la jurisdicción”, en el sentido
de A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, Einaudi, Turín, 1990, p. 97.
18 La expresión es de L. Ferrajoli, en Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, prólogo
y traducción de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 22011, p. 33.
19 En todas sus dimensiones, pues, como escribiera tempranamente Calamandrei: “sólo una democracia
social puede decirse verdaderamente democracia, porque solamente en ella los derechos de libertad
son efectivamente disfrutados por todos los ciudadanos, sin que la diversidad de condición económica se
traduzca en desigualdad política y reduzca los derechos de libertad a ser, de hecho, un privilegio de los
ricos” (“L’avvenire dei diritti di libertà”, ahora en P. Calamandrei, Costituzione e leggi di Antigone. Scritti
e discorsi politici, La Nuova Italia Editrice, Florencia, 1966, p. 45).
20 De su “coloca[ción] en una posición mediana entre estado y sociedad”, habla G. Zagrebelsky, en
“La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento. Prospettive di riforma”: Giurisprudenza costituzionale,
4 (1982), 784.
21 S. Rodotà, Repertorio di fine di secolo, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 171-173.
22 En S. Rodotà (ed.), Questioni di bioetica, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 421 y ss.
23 No hay espacio para tratar de este asunto con el detenimiento que requiere su importancia, pero, sí
es preciso apuntar que la aludida fenomenología criminal se encuentra estrechamente asociada al modo
de ser actual del partido político, en cuyo interior, ciertamente, no ha penetrado la democracia constitucional.
Así, la explosiva combinación de poder oligárquico con acceso fácil (en el caso de formaciones
políticas con responsabilidades de gobierno) a diversas formas de financiamiento ilegal a costa del dinero
público, obtenido en el punto de intersección de la política con el mercado, ha producido el tremendo
efecto de que una fundamental articulación de la democracia haya pasado a convertirse, con harta frecuencia,
en agente de la ilegalidad, con una más que notable capacidad de difusión de esta en el interior
de las instituciones. Como ha sucedido, bien lamentablemente, en nuestro país, donde algunas regiones
podrían ser declaradas verdaderos parques temáticos en la materia.
24 Cfr. J. M. Vergès, Estrategia judicial en los procesos políticos, trad. cast. de M. T. López Pardina,
Anagrama, Barcelona, 1970.
– 27 –
25 Creo pertinente recordar aquí las simplezas irresponsables de algunos relevantes actores políticos
de distinto signo que, en estos años, no han dudado en acudir a fórmulas como la de “la muerte de Montesquieu”
o de la falta de legitimación democrática de la jurisdicción para intervenir sobre actuaciones
criminales producidas en los medios de la política. O también a la de una abusiva invasividad de la
misma, generadora de un supuesto riesgo de “gobierno de los jueces”. Cuando lo cierto es que existe un
espacio virtualmente ilimitado para una política en la legalidad (el que va desde lo indiferente para el
derecho hasta el Código Penal). Como también que, generalmente y, desde luego, en los casos que dieron
lugar esas salidas de pata de banco, no hubo extralimitación de los jueces, sino abrupta precipitación en
el juzgado de algunos segmentos degradados de la política.



Post a new comment