FRENTE AL VICIO DE PEDIR, LA VIRTUD DE NEGAR. ¿EXISTEN LÍMITES AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN ESPAÑA?

noviembre 27, 2020

JESÚS FERREIRO APARICIO
Introducción
Un tema recurrente en la política española y vasca de los últimos años se centra en la
necesidad de afrontar una reforma del modelo territorial español que permita abordar el
encaje en España de determinados territorios, como es el vasco, en donde los partidos
nacionalistas e independentistas tienen un peso mayoritario. Desde algunas esferas, esa reforma
se concreta en la transformación del actual estado autonómico en un estado federal.
Sin embargo, el establecimiento de un Estado federal tan sólo daría respuesta a una
parte de las demandas de los partidos nacionalistas, y de algunos partidos estatales: la
relativa a la necesidad de definir de forma clara y estable el marco competencial que disfrutan
los gobiernos autonómicos, fijando de forma precisa el abanico de competencias
asumidas y asumibles por parte de los poderes regionales y delimitando la capacidad
del gobierno central para intervenir en las competencias gestionadas por los gobiernos
regionales.
Ahora bien, la existencia de un Estado federal no define el mayor o menor nivel de descentralización
del mismo, ya que ello depende de las competencias concretas que en cada
Estado se atribuyen a los gobiernos regionales o estatales. Así, por ejemplo, en dos Estados
federales como Austria y Alemania, los gobiernos estatales gestionaron en 2017 un volumen
de gasto equivalente a 9,2 y 13,1 puntos del PIB, respectivamente. Sin embargo, en
España, un Estado no federal, el gasto de los gobiernos autonómicos alcanzó el 14,9% del
PIB. Esto implica que de facto España es un estado mucho más descentralizado que otros
estados europeos de naturaleza federal.
En realidad, las demandas nacionalistas no van tanto en la línea de definir la naturaleza
del Estado, como en la de aumentar el nivel de autogobierno. Su aspiración es aumentar
el techo competencial de sus comunidades autónomas, reduciendo al máximo las funciones
(competencias) a desempeñar por el gobierno central y, por tanto, el volumen de recursos
y gastos de la administración central.
Ahora bien, ¿hasta qué punto es posible, deseable o conveniente atender esas demandas
de profundizar el proceso de descentralización, de aumentar el nivel competencial de
las comunidades autónomas, de todas o alguna de ellas, y, por tanto, de reducir el peso
y funciones del gobierno central? La respuesta a este interrogante es compleja, pues debe
tomar en consideración elementos de diversa naturaleza: social, política y económica. En
este trabajo, nos centraremos en consideraciones de carácter económico que, a mi juicio,
plantean serias dudas sobre la posibilidad de atender las demandas nacionalistas de un
mayor autogobierno y de un aumento significativo en el techo competencial actualmente
en vigor.
¿Es España un estado más o menos centralizado que nuestros
socios europeos?

A la hora de plantear la posibilidad de profundizar el proceso de descentralización
en España, ampliando el abanico competencial de las comunidades autónomas, y, por
lo tanto, el volumen de recursos gestionados por los distintos gobiernos autonómicos,
puede ser útil analizar dónde se sitúa España en comparación con los países de nuestro
entorno, para así poder concluir si España es un país más o menos centralizado que otros
Estados con una estructura política y económica similar a la nuestra, como son los países
europeos.
Para responder esta cuestión, vamos a utilizar como indicador del grado de centralización
de un país el peso que representa el gasto de la administración central respecto al
total de gasto público, el formado por el gasto (consolidado) de la administración central
(federal) y de las administraciones regionales (estatales) y locales. Partimos del principio
de que cuanto mayor es el peso del gasto del gobierno central en el total de gasto público,
menor es el grado de descentralización en ese Estado. Así, cuanto mayor sea el peso de
los gastos de la administración central, mayores serían las posibilidades de avanzar en el
proceso de descentralización.
Ahora bien, ¿cuál podría ser la frontera de posibilidades de descentralización territorial,
es decir el máximo nivel posible y factible de descentralización? Al adoptar nuestro
análisis un enfoque comparativo, podemos argumentar que el límite en ese proceso lo
marcaría aquel Estado en el cual el peso del gobierno central es el más reducido. Si este
Estado es la frontera, la distancia a la frontera, esto es, la diferencia entre el peso del gasto
de la administración central en España y el peso de este gasto en el país “frontera” o “más
descentralizado”, marcaría el margen de profundización en el proceso descentralizador
de España.
El gráfico 1 nos muestra el peso en el año 2017 del gasto público de la administración
central respecto al total de gasto público en Europa. Los datos indican que sólo en tres
países europeos, Francia, Suiza y Alemania, el peso de la administración central es inferior
al de España, en donde la administración central gestiona un 45,7 por ciento del total
de gasto público. Si identificamos el nivel de centralización de los estados con el peso del
gasto de las administraciones centrales, resulta evidente que España es uno de los países
europeos que cuenta con un mayor grado de descentralización, aunque, no obstante, podría
ir reduciendo el peso del gasto del gobierno central hasta el nivel registrado por países
como Suiza y Alemania.
Frente al vicio de pedir, la virtud de negar. ¿Existen límites al proceso de descentralización en España?
¿Cuál sería el margen de maniobra para reducir el peso de la administración central
en España? En Suiza y Alemania el gasto de la administración central alcanzó en 2017 el
28,5% y el 31.6% del gasto público total, respectivamente. Si establecemos como frontera
un porcentaje del 30%, la administración central española podría reducirse en un tercio de
su actual tamaño, al pasar de un 45,7% a ese umbral del 30%. Dado que el gasto público
total en España en 2017 alcanzó el 41% del PIB, ese adelgazamiento del gobierno central
supondría que los gastos públicos de la administración central cayeran desde el 18,7% del
PIB realmente registrado hasta el 12.3% del PIB: 6,4 puntos porcentuales menos, equivalentes
a 75 mil millones de euros.
¿De los datos anteriores podemos inferir que España tiene capacidad para profundizar el
proceso de descentralización trasladando competencias, y, por tanto, recursos y gasto público
a los niveles locales y, sobre todo, regionales de gobierno? En mi opinión, la respuesta es que
no, y ello por varios motivos.
Aunque en Alemania y en Suiza el peso de los gastos del gobierno central es menor que
en España, sin embargo, el gasto de los gobiernos regionales es mucho más bajo: si en
España el gasto de las comunidades autónomas en 2017 alcanzaba el 14,9% del PIB, en
Alemania y Suiza el gasto público de los gobiernos regionales era notablemente inferior: el
13,1% del PIB en Alemania y el 13,5% del PIB en Suiza. De hecho, si medimos el peso de las
administraciones locales por el porcentaje que supone el gasto de las corporaciones locales
en el total de gasto público, en España las administraciones locales ejecutaron el 14,2 por
ciento del gasto público, mientras que en Alemania ese porcentaje era el 18% y en Suiza
el 21,7%. Estos datos apuntarían a que una profundización en el proceso descentralizador
español pasaría ineludiblemente por trasladar competencias (y gasto público) a las corporaciones
locales.
Ahora bien, ¿dónde debería “adelgazar” la administración central para reducir su peso
a favor de los gobiernos regionales?, ¿qué competencias deberían transferirse a éstos? Hay
que destacar que un 45% del gasto de la administración central en España se corresponde
con el gasto de la Seguridad Social, un 9% son los intereses de la deuda pública, y alrededor
de un 5% por ciento son gastos en protección al desempleo. Estos datos suponen
que una mayor profundización en el proceso descentralizador en España, y el consiguiente
adelgazamiento de la administración central, implicaría necesariamente la transferencia de
competencias en materia de seguridad social (pensiones) y de protección al desempleo a las
comunidades autónomas.
En cualquier caso, hay que destacar que, cuando comparamos el peso del gasto ejecutado
por las administraciones centrales en España con otros países, los resultados obtenidos están
influidos por las diferencias en el volumen total del gasto público. Para que del anterior análisis
comparativo pudiéramos inferir la necesidad de reducir el peso de la administración central
española, el peso del gasto público total (en porcentaje del PIB) debería ser el mismo en todos
los Estados. De no ser así, las diferencias en el tamaño del gasto público total pueden sesgar
cualquier recomendación o sugerencia sobre la distribución “ideal” u “óptima” de la distribución
del gasto público entre los diferentes niveles de la administración.
Pues bien, medido en porcentaje del Producto Interior Bruto, el gasto público en España
es inferior al de nuestros socios de la Unión Europea1: si en España en 2017 el gasto público
suponía el 41% del PIB, esa cifra subía al 45,8% del PIB en el conjunto de la Unión Europea y
al 47% en los países de la Eurozona,
Si nos centramos en el tamaño de las diferentes partidas de gasto, se comprueba que el menor
tamaño relativo del gasto público español se explica por un menor gasto en las partidas de
protección social, educación y sanidad. Según los datos de Eurostat, en 2017 el gasto público
en sanidad en España ascendió a un 6% del PIB español, por debajo del 7% del PIB en la Unión
Europea y del 7,1% del PIB en la Eurozona. En el caso del gasto en educación, en España este
capítulo de gasto suponía el 4% del PIB, cifra inferior al 4,6% y el 4,5% del PIB de la Unión
Europea y la Eurozona, respectivamente.
Mientras que las pensiones públicas y la protección por desempleo son competencia de la
administración central, la educación y la sanidad pública en España son competencia de las
comunidades autónomas. Este hecho implica que si en España aumentara el gasto público
en enseñanza y sanidad acercando su tamaño a la media europea, automáticamente la importancia
relativa de la administración central en el gasto total disminuiría al crecer el gasto
gestionado por las comunidades autónomas.
Es decir, el menor desarrollo del Estado del Bienestar en España explicaría el “relativamente
alto” tamaño de la administración central. Si acercáramos el tamaño de nuestro Estado
del Bienestar al de nuestros socios europeos, el nivel de descentralización del estado español
aumentaría de forma automática, ya que buena parte de las partidas de gasto social cuyo
tamaño es inferior a nuestros socios son en estos momentos competencia de las comunidades
autónomas. Obviamente para producir ese resultado el tamaño del gasto público en España
debe aumentar de forma sustancial, para lo cual debe disponerse de mayores recursos fiscales
totales. Esto implica necesariamente aumentar los actuales niveles de presión fiscal, para
lo cual los gobiernos central y regionales deben adoptar las medidas pertinentes que estén
en sus manos. En el caso que nos atañe más directamente, Euskadi, un mayor autogobierno
equivaldría a aumentar el gasto en las competencias ya asumidas por la comunidad autónoma
vasca para lo que se necesita subir los impuestos en nuestro territorio, lo que supone asumir el
coste, no solamente económico, sino también político y social, de aumentar los impuestos a los
ciudadanos y empresas vascas.
¿Qué peso tiene el gasto del gobierno central en Euskadi?
Los anteriores datos hablan de la necesidad de plantear con reservas la posibilidad de
profundizar en el proceso de descentralización en el conjunto de España. Ahora bien, ese
análisis se efectuaba en términos agregados, al englobar el conjunto de administraciones
regionales en España. Este proceder oculta, sin embargo, el hecho de que el nivel de autogo-
Frente al vicio de pedir, la virtud de negar. ¿Existen límites al proceso de descentralización en España?
bierno no es el mismo en las diferentes comunidades autónomas, por lo que en cada territorio
el peso del gasto de los respectivos gobiernos autonómicos (y, por tanto, del gobierno central)
sea distinto.
En el caso Euskadi, los partidos nacionalistas ponen en el centro de sus reivindicaciones
la necesidad de profundizar en el autogobierno vasco. El apartado segundo del Programa
Electoral para las Elecciones Generales 2019-2023 del Partido Nacionalista Vasco tiene,
precisamente, como título “Las personas como eje principal de actuación: Más autogobierno
y agenda 2030”. La demanda de un mayor autogobierno se justifica por los beneficios que
para la sociedad y la economía vasca conllevaría un aumento de los actuales niveles competenciales
de la Comunidad Autónoma Vasca y, por tanto, en mayores recursos (y gastos)
gestionados por las administraciones vascas, y el consiguiente menor peso en Euskadi de la
administración central.
Aunque no es éste el objeto central de este trabajo, queremos señalar que desde el mundo
nacionalista la relación entre autogobierno y mejora en el bienestar de la sociedad (vasca, se
entiende) se plantea como un axioma, o sea, una afirmación que se acepta como verdadera
aunque no haya sido probada. Así, el citado Programa Electoral del Partido Nacionalista Vasco
afirma que “en EAJ-PNV entendemos que más autogobierno significa más bienestar, porque
una mejor gestión de los recursos y de las políticas redunda en un escenario de crecimiento sostenible
que, sin lugar a dudas, va en beneficio directo de los y las ciudadanas”. Esa afirmación
sólo puede sostenerse como verdad absoluta si se demuestra que desde el ámbito territorial
(en nuestro caso, vasco) los recursos públicos se gestionan de forma más eficaz y eficiente que
desde la administración central.
Debemos admitir, desde la perspectiva de la economía, que hay evidencia tanto teórica
como empírica que demuestra que, en determinados casos, una gestión descentralizada de
los recursos puede ser más eficaz y eficiente2, aumentando el bienestar de los ciudadanos (e
incluso la actividad económica). Pero ello no significa que todos los servicios públicos deban
ser descentralizados, ya que en otros casos la gestión centralizada es más ventajosa. Por lo
tanto, no siempre un mayor nivel de autogobierno implica un mayor nivel de bienestar de los
ciudadanos, y de hecho puede conducir a un menor bienestar. En estas circunstancias, las
mejoras en la actividad económica y en el bienestar de los ciudadanos vendrían de un mejor
autogobierno, es decir de una mejora en la gestión de los recursos y de las competencias ya
asumidas.
De nuevo, volviendo al caso vasco, y conectando con el análisis desarrollado en la anterior
sección, cabría preguntarse por cuál sería en la actualidad el margen de maniobra
para una posible profundización del autogobierno vasco. Esto equivale a preguntarnos
por cuál es el margen de maniobra para aumentar el peso de los recursos gestionados
por las administraciones vascas en detrimento de una menor presencia en Euskadi de la
administración central. Para ello, necesitamos conocer el peso del gasto ejecutado por
las administraciones vascas respecto al total de gasto público en Euskadi, que comprende
tanto el gasto de las administraciones vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y
Ayuntamiento) como de la administración del Estado (Administración central y seguridad
social territorializada).
En el conjunto de España en 2017 el gasto de la administración central suponía el 45,7%
del gasto público total, por lo que las administraciones regionales y locales gestionaron el
54,3% restante. Pues bien, en el caso de Euskadi, según los datos del Eustat, en el año 2016
las administraciones vascas gestionaron el 63,7% del total de gasto público consolidado en
Euskadi. Si nos fijamos en partidas concretas de gasto, las administraciones vascas gestionaron
en 2016 el 93,9% del gasto total en salarios a los trabajadores de las administraciones públicas
en Euskadi, el 98,7% por ciento del gasto total en consumo intermedio, el 97,1% de las
transferencias sociales en especie (fundamentalmente gasto en educación y sanidad), el 86,2%
de la inversión pública y el 90,6% de las transferencias de capital. Así, la práctica totalidad
del gasto público en Euskadi ejecutado por la administración del Estado se corresponde con
el gasto en prestaciones sociales monetarias, unos 10.200 millones de euros en 2016, de los
cuales 9.600 millones de euros (casi el 95 por ciento) eran pensiones y otras prestaciones de
la seguridad social.
Estos datos suponen que en la práctica cualquier elevación del autogobierno vasco que
suponga un mayor volumen de recursos gestionados de manera directa por parte de las administraciones
vascas supone necesariamente la transferencia de las competencias en materia de
seguridad social y de prestaciones por desempleo.
¿Existen límites al proceso de descentralización?
Desde un punto de vista puramente económico, la profundización en el proceso de descentralización
territorial debería, cuando menos, tener en cuenta criterios de racionalidad económica
basados en los principios de eficacia y eficiencia. Es decir, cada nivel de administración
(local, regional, central) debería asumir competencias sobre aquellos servicios públicos que
fueran suministrados de forma más eficiente (a un menor coste) y más eficaz (produciendo la
mayor cantidad y calidad de servicios para unos recursos dados).
El proceso histórico de traspaso de competencias desde la administración central hacia
las comunidades autónomas ha hecho en buena medida abstracción del criterio de racionalidad
económica a la hora de atribuir una competencia a un determinado nivel de administración.
Con independencia del carácter nacionalista o no de los gobiernos regionales de
turno, todos ellos parecen asumir como axioma, como verdad que no necesita demostración,
que la transferencia de cualquier competencia a un gobierno autonómico automáticamente
mejora la prestación de dicho servicio público, y, por lo tanto, aumenta el bienestar de los
ciudadanos.
¿Han mejorado en las cuatro últimas décadas la calidad y la cantidad de servicios públicos
en España, en Euskadi y en el resto de comunidades autónomas? Sin duda alguna, la respuesta
es sí. Sin embargo, no es tan evidente que la mejora en los servicios públicos se deba exclusiva,
Frente al vicio de pedir, la virtud de negar. ¿Existen límites al proceso de descentralización en España?
o principalmente, a las ganancias de eficacia en la gestión de estos servicios generada por la
simple transferencia de esas competencias a las comunidades autónomas. Que haya habido
un proceso paralelo de descentralización y de mejora y desarrollo de los servicios públicos
en España, no significa que se pueda inferir la existencia de una relación de causalidad entre
ambos que permita concluir taxativamente que con una mayor descentralización se produzca
una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos.
No podemos obviar el hecho de que el traspaso de competencias a las comunidades autónomas
y la consiguiente transferencia de personal a estas administraciones ha traído consigo
un aumento en el coste de estos servicios públicos derivados de las mayores retribuciones de
los trabajadores de las administraciones territoriales respecto a la de sus homólogos de la
administración central. Por su propia naturaleza los servicios públicos son intensivos en mano
de obra, de ahí que el gasto en personal tenga un peso clave en el coste de prestación de los
mismos. Es cierto que una mayor retribución salarial puede tener como resultado una mayor
productividad de los trabajadores. Sin embargo, está por demostrar que la brecha entre los
salarios de los trabajadores de las comunidades autónomas, como la vasca, y los trabajadores
de la administración central esté íntegramente justificada por una mayor productividad de los
funcionarios autonómicos.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de determinar el nivel de administración más adecuado
para la prestación de un servicio público tiene que ver con la existencia de economías
de escala que reducen el coste unitario de prestación de un servicio público a medida que aumenta
la dimensión del mismo. Este elemento cobra una relevancia clave en dos competencias
que tradicionalmente vienen siendo reclamadas por parte de los partidos nacionalistas vascos,
y que como vimos anteriormente, forman el grueso del gasto en Euskadi de la administración
central, como es la gestión del sistema de seguridad social y de las prestaciones por desempleo.
La transferencia de estas competencias a la Comunidad Autónoma Vasca conllevaría,
especialmente en lo que se refiere a la gestión de la seguridad social, un encarecimiento en el
coste de gestión de estos servicios dada la menor escala del servicio. En ocasiones, dirigentes
nacionalistas han mantenido que la transferencia de esta competencia sería mejor gestionada
desde Euskadi que desde Madrid. Sin embargo, más allá de esa declaración de buenas
intenciones, no existe prueba alguna de cómo se podrían reducir los ya de por sí muy bajos
costes de gestión del sistema de seguridad social español (por no hablar del aumento en los
costes de personal que supondría la homologación salarial a los más elevados salarios de la
administración autonómica).
Ciertamente, siempre se puede aceptar el que la transferencia de esta competencia venga
acompañada de un mayor coste de gestión. Sin embargo, la aceptación, por consideraciones
políticas, de ese mayor coste debería venir acompañada de una adecuada explicación acerca
de cómo sufragar ese mayor gasto: ya sea mediante un aumento en el déficit público y del
consiguiente mayor endeudamiento (y del correspondiente pago de intereses), de unos mayores
ingresos (lo que significaría aumentar los impuestos) o de una reducción compensatoria en
otras partidas de gasto.
Otro elemento que plantea la existencia de límites al proceso de descentralización, y
por lo tanto a la capacidad regulatoria y normativa de las comunidades autónomas, tanto
en lo que se refiere a sus actuales competencias como a una hipotética ampliación de su
autogobierno, radica en la necesidad de garantizar el principio de unidad de mercado. La
propia Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, precisamente
tiene como objetivo evitar que las medidas regulatorias de las distintas comunidades
autónomas puedan afectar a la competitividad de la economía española, y por tanto a su
nivel de actividad y bienestar a largo plazo al producir una, digamos, fragmentación del
mercado español en diecisiete mercados regionales, la cual tendría consecuencias negativas
para la actividad empresarial al impedir a las empresas el poder beneficiarse de las
economías de escala que se derivan de un mercado más amplio (por no hablar de los costes
regulatorios derivados de la necesidad de tener que adaptar su actividad a diferentes
espacios normativos).
El respeto al principio de la unidad de mercado supone que el ejercicio de las competencias
asumidas por una comunidad autónoma no es ilimitado, y que en la práctica debe existir
una adecuada coordinación entre las administraciones central y autonómicas. La aprobación
de la referida Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y la creación del Consejo para la
Unidad de Mercado, han supuesto un avance en este sentido. Sin embargo, la situación dista
de ser óptima. Recientemente, la Comisión Europea3 ha destacado la necesidad de que un
estado altamente descentralizado como es el español disponga de unos mecanismos eficaces
de coordinación entre la administración central y las autonómicas que evite que una gestión
descoordinada de las competencias normativas de los gobiernos autonómicos afecte de forma
adversa a la competitividad de la economía española y a su potencial de crecimiento en el
medio y largo plazo.
Finalmente, hemos de destacar que en cualquier estado, máxime en uno descentralizado,
el gobierno central debe tener la capacidad suficiente para poder cumplir con dos funciones.
La primera es garantizar la reducción de los desequilibrios territoriales, garantizando así el
cumplimiento del principio de solidaridad entre los ciudadanos y los territorios integrantes del
Estado. Esto supone que el estado debe tener la capacidad y los instrumentos necesarios para
garantizar el funcionamiento eficaz de las políticas de redistribución de la renta entre los individuos
y los territorios que lo conforman. Estos instrumentos afectan tanto a políticas y capítulos
de gasto como de ingresos.
En el caso español, las dos únicas políticas de gasto que siguen siendo competencia de la
administración central y que tienen la dimensión suficiente para generar una adecuada redistribución
de la renta están constituidas en la práctica por las pensiones públicas y por las prestaciones
por desempleo. Así, en mi opinión, la defensa desde una óptica progresista del papel
del Estado como agente encargado de lograr una distribución de la renta más equilibrada y
equitativa implica defender que la gestión de estas políticas debe permanecer en manos de la
administración central.
Frente al vicio de pedir, la virtud de negar. ¿Existen límites al proceso de descentralización en España?
La segunda función es la correspondiente a la regulación macroeconómica, es decir,
la capacidad de intervención para hacer frente a shocks y perturbaciones económicas. La
pertenencia de España a la Eurozona implica que el Estado español ha perdido dos de
las principales herramientas de la política macroeconómica, como son el tipo de cambio y
la política monetaria. Así, y con limitaciones, tan sólo la política fiscal puede cumplir ese
rol estabilizador. Hay un marcado consenso en la profesión económica de que deben ser
los gobiernos centrales los encargados de jugar ese papel alterando con ese fin el tamaño
de los ingresos y gastos públicos, y, por tanto, el signo y tamaño de los saldos presupuestarios
de los gobiernos centrales. Así, no es casualidad de que gran parte de los Estados
de naturaleza federal tengan establecidas severas limitaciones, cuando no prohibiciones
estrictas, a la capacidad de los gobiernos estatales-regionales para generar déficits en sus
presupuestos.
Obviamente, para poder cumplir de manera efectiva con ese papel, los gobiernos centrales
deben disponer de un tamaño mínimo, lo que supone la existencia de una nueva limitación
al proceso de descentralización. No son pocos los estudios y los economistas que plantean
que en España el tamaño actual del gobierno central está muy cerca, si no por debajo, de
ese umbral, y por lo tanto una profundización aún mayor del proceso de descentralización
pondría en peligro la capacidad de nuestro país para utilizar la política macroeconómica de
manera eficaz.
En conclusión, una hipotética profundización en el proceso de descentralización, atendiendo
a las demandas nacionalistas de un aumento sustancial en el nivel de autogobierno vasco,
debe ser abordado con la adecuada cautela, pues la transferencia de determinadas competencias,
como son la gestión del sistema de pensiones o de prestaciones por desempleo puede
tener un impacto negativo sobre la economía vasca y española así como sobre el bienestar de
sus ciudadanos.

NOTAS
1 Para un análisis más detallado de las diferencias en el tamaño y en la composición del gasto
público por diferentes partidas de gasto en España y en la Unión Europea, véase Ferreiro, J. (2016)
“El gasto público en España: una comparación con la Unión Europea”, en Fernández Llera, R. (coor.)
Economía del Gasto Público para Mayores de Edad, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, pp.
391-407.
2 Hay que tener en cuenta que una descentralización en la gestión de determinados servicios y
políticas públicas puede generar ganancias de bienestar y de actividad económica. Sin embargo,
la transferencia de la capacidad regulatoria o normativa puede tener un efecto negativo, al romper
el principio de unidad de mercado y afectar negativamente a las economías de escala derivadas de
mercados más grandes..
3 European Commission (2019) Commission staff working document. Country report Spain 2019.
Including an in-depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances accompanying
the document communication from the Commission to the European Parliament, the European
Council, the Council, the European Central Bank and the Eurogroup. Brussels, 27.2.2019. SWD(2019)
1008 final.



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