EL FUTURO ES FEDERAL

noviembre 27, 2020

VICTORIA CAMPS
Es injusto y simplista repetir, como ha venido haciéndose en los últimos años, que el Estado
de las Autonomías es un proyecto agotado o fracasado. Como todo proceso innovador, ha
tenido sus logros y sus desaciertos, estos últimos insuficientemente evaluados para evitar la consolidación
de distorsiones y funcionamientos ineficaces. Otra cosa es que la descentralización
autonómica no haya conseguido acallar el anhelo de soberanía que se viene manifestando
históricamente y con intensidades diversas en Cataluña y el País Vasco. En ambos casos, la
conciencia de poseer unos rasgos diferenciales explícitos que les otorgan el privilegio de constituirse
en sujetos de unos derechos evidentes e inapelables ha calado en una parte de la población
hasta tal punto que es inútil iniciar ningún tipo de discusión que pretenda ponerlo en duda.
Se alude, cada vez con más insistencia, al error de principio de no haber proyectado una
organización territorial asimétrica, en lugar del igualitario “café para todos”. El caso es que
lamentarse por una opción que no se llevó a cabo cuando correspondía es una tarea estéril. Por
distintas razones, que tampoco es preciso enumerar ahora, el apoyo a un proyecto de ruptura
con España no sólo no ha perdido fuerza con las considerables cotas de autogobierno que han
podido desarrollar las comunidades autónomas, sino que ha ido creciendo y ampliándose de
una forma insólita e inesperada. Con ambigua cautela en el País Vasco, tras el fracaso del Plan
Ibarretxe y el alivio que ha supuesto el final del terrorismo etarra, y con un entusiasmo desorbitado
en Cataluña donde ha impulsado, una vez más, uno de los episodios menos gloriosos,
por no decir más ridículos, de su historia.
Se ha dicho que el Estado de las Autonomías tiene bastante parecido con un Estado federal.
Es un estado descentralizado al máximo, que no renuncia ni quiere hacerlo a la proclamación
del artículo 2 de la Constitución Española, según el cual la unidad de la nación es intocable.
E pluribus unum, como expresa la fórmula de uno de los estados federales más conseguidos,
los Estados Unidos de América. El Estado de las Autonomías, en efecto, tolera el uso (y abuso)
de las lenguas propias como lenguas exclusivas de lo público; ha renunciado a monopolizar
competencias muy básicas, como educación y sanidad y, en el caso del País Vasco y Navarra,
ha mantenido para ambas comunidades un régimen foral único sin otro fundamento que el
de unos supuestos “derechos históricos” que, como derechos, no son del todo justificables.
A la vista de todo ello, no puede decirse que España sea, transcurridos cuarenta años de
democracia y régimen autonómico, un país centralista ni que la nación española tenga una
voracidad integradora de las diferencias territoriales, sin parangón en otros países europeos.
Pero tampoco puede afirmarse sin más que es un Estado federal. Lo que debería haber sido
un Senado que hiciera las funciones de un auténtico consejo federal se quedó en una segunda
Cámara con funciones imprecisas e inútiles. Las comunidades que se atribuyen el apelativo
de “históricas” no ven reconocidas sus singularidades con la suficiencia que juzgan debida.
El Tribunal Constitucional interviene más de lo esperado en territorios que, a muchos efectos,
tienen la prerrogativa de autogobernarse. En suma, hay un anhelo creciente de ir más allá en
el autogobierno, para unos, y de dar el salto cualitativo a una soberanía plena, para otros, que
se mantiene insatisfecho. Para muchos de los que estamos en la primera opción, más autogobierno,
el paso a un estado de veras federal es obligado.
Federar es unir lo que está disperso. Lo que implica aliarse y pactar con el fin de preservar
una igualdad en la libertad. En sus dos versiones –el coming together o el staying together–, lo
que busca cualquier modelo federal es el objetivo de vivir juntos. No hay federación, si falta
voluntad de cooperación por parte de quienes, pese a persistir en sus singularidades, desean
mantenerse unidos a los que consideran más cercanos, bien porque históricamente siempre lo
han sido, o porque deciden que les conviene la unión. Hay federación, como expresa Borges
en un bello poema, cuando “hombres de diversas estirpes”, toman “la extraña resolución de ser
razonables” y resuelven “olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades”. No hay federación
sin unos fines y unos mínimos programas comunes. El reconocimiento de la diversidad no tiene
que ser incompatible con la unidad. El pacto federalista tiene que ser un pacto sostenido por todas
las partes que integran la federación. Tal fue la idea de los anarquistas europeos que, bajo
la égida de Proudhon, idearon una nueva forma de organización política que trascendiera el
poder de los Estados. Esa fue la idea que inspiró a Pi y Margall, a proponer una “federación
pactada”, “hija de la voluntad y no de la naturaleza”. De esa unión nace la confianza mutua,
pues federar tiene la misma raíz que fides, confiar.
Posiblemente, de lo que más carece el actual Estado de las Autonomías es de esa voluntad
de cooperar y actuar juntos a ciertos propósitos; no de descentralización. Carece de soberanía
compartida, de una soberanía efectivamente repartida entre las distintas partes que son, a su
vez, emanaciones del Estado. No es lo mismo concebir el autogobierno como una concesión
del centro a la periferia, que como un derecho que se comparte. Lo que ha hecho que el Estado
de las Autonomías no evolucionara hacia un Estado federal ha sido, sobre todo, la ausencia de
coordinación y corresponsabilidad entre las partes. A falta de un Senado representativo de las
distintas comunidades, las Comisiones Interterritoriales han funcionado a medias a la hora de
llegar a acuerdos comunes. Y la prevista Conferencia de Presidentes ha sido un mero simulacro,
una declaración de intenciones, las pocas veces que ha llegado a reunirse. Brevemente, se ha impuesto
la bilateralidad sobre la multilateralidad que, sin embargo, es la esencia de la federación.
Si el federalismo es la opción de futuro más razonable, para España y para Europa, es por
la necesidad cada vez más perentoria de combinar lo local y lo global. Esa necesidad ha de
poder equilibrarse con el deseo de mantener lo singular de cada territorio. Que el equilibrio
no es fácil lo muestran los inconvenientes que los distintos países esgrimen, por ejemplo, para
rechazar las medidas propuestas para integrar a los inmigrantes, una muestra más del egoísmo
de quienes miran hacia dentro y no hacia fuera, de unos Estados que se rebelan contra el
sacrificio que supone renunciar a los intereses propios a favor de un interés europeo común.
Además de ser la mejor opción de futuro por motivos económico-políticos, si federar significa
unir, y no sólo descentralizar por mor de reconocer las diferencias, el federalismo debe ser
visto como la organización política que mejor mantiene los grandes valores éticos de la modernidad
ilustrada: libertad, igualdad y fraternidad. En especial, el modelo federal es, en teoría, el
más propicio para la recuperación del valor más olvidado de los tres recién mencionados: el de
la fraternidad. Porque una estructura federal tiene que ser contraria por definición a cualquier
secesionismo motivado por el deseo de mantener una situación de privilegio o por veleidades
supremacistas. Si hay que encontrar un equilibrio entre la libertad o autonomía de los territorios
federados y la igualdad entre ellos, ese equilibrio no vendrá dado exclusivamente, en nuestro
caso, por una legislación que proclame, de una u otra forma, que España es una nación de naciones,
sino por la existencia de una cultura auténticamente federal, de vida en común. Cultura
sostenida por la solidaridad, la tolerancia, la escucha y el respeto mutuos. Es evidente que el
Estado federal está más próximo a estos valores que el Estado encerrado en sí mismo y adverso
a las diferencias en su seno. Si somos capaces de no ver como contrarios el autogobierno
y el cogobierno, el reconocimiento de las diferencias no implicará separación sino cohesión
entre las distintas comunidades. Porque es así, el federalismo siempre ha ido de la mano del
socialismo. Lo dice este texto de Rafael Campalans: “El socialismo y el federalismo, más que
doctrinas convergentes, deben considerarse doctrinas complementarias, ya que si la primera
es normativa para la vida individual de las nacionalidades dentro de los estados complejos, la
segunda nos muestra el camino formal para irnos hermanando dentro de unos estados unidos
cada vez más amplios, hasta que se consiga el ideal magno de reunir a la humanidad entera
en una gran y única familia” (“Socialisme i federalisme”, 1923). En realidad, esa extensión
cada vez más amplia de la unidad es la que vislumbraron hace más de dos siglos el abate
Pierre y Immanuel Kant al considerar las condiciones necesarias para una “paz perpetua”.
Otra de las ventajas del federalismo, cada vez más perentoria, es la que ya supieron ver los
federalistas americanos, a saber, que la organización federal aporta más control a la democracia.
James Madison escribió que el método de cheks and balances, conseguido gracias a la
división de poderes, encuentra un refuerzo en el control que los miembros de un Estado federal
ejercen entre ellos mismos y con respecto al gobierno federal. Lo cual no significa que el Estado
federal no sea, como lo es también el Estado de las Autonomías, un proceso inacabado. Continuamente
habrá que renegociar la financiación, la distribución de competencias, las duplicaciones
y falta de sinergias, a medida que se impongan nuevas necesidades y prioridades en un
Estado que, por encima de cualquier otro objetivo, dice ser un Estado social. La negociación
constante es asimismo un refuerzo para una democracia que debiera incluir la deliberación
como una de sus prácticas habituales. En un mundo sometido a grandes transformaciones, no
hay modelos conclusos. En un mundo que preserva la pluralidad anclada en distintas tradiciones,
incluso la unidad de derechos puede ser discutible y un tema de discusión constante en
una estructura política que, como el federalismo, no se sostiene sin la negociación y el diálogo.
II
Establecidas las ventajas teóricas del federalismo, lo que hay que considerar son los obstáculos
mayores con que nos encontramos hoy en España para la construcción de un modelo
federal que cuadre con nuestras convicciones y ambiciones. De tales obstáculos me interesa
destacar especialmente dos que nos impiden, ya no avanzar, sino dialogar sobre la cuestión,
con el propósito de establecer medidas transaccionales que superen las posiciones extremas
y permitan unificar propuestas. El primero de ellos es el anhelo soberanista que subyace a la
ambición independentista. El segundo, la crisis mundial de legitimidad democrática. Veámoslos
sucintamente sobre la base de lo ocurrido con el procés catalán.
1. De entrada, las dos posiciones antagónicas que hoy responden a los apelativos de
“independentistas” y “unionistas” se apalancan en la defensa de dos puntos de vista que, en
abstracto, son irreconciliables. Los partidarios del secesionismo de Cataluña se autodefinen
como “soberanistas”. Diría incluso que la idea de soberanía es hoy preferida con respecto
a la de independencia o secesión, por no mencionar al nacionalismo cuya descalificación
creciente desde diversos frentes ha producido un distanciamiento de dicha ideología, incluso
en la acepción más victimista que alimentan las naciones sin Estado. Lo que se reivindica, en
cambio, con el soberanismo es un trato de igualdad con respecto al Estado al que se pertenece.
Con el objetivo soberanista se da un paso decisivo y cualitativamente distinto al de lo
que supone el autogobierno, pues éste no deja de ser una concesión de un poder estatal y
una subordinación al mismo que está por encima del poder autonómico. Es así que el logro
a que aspiran los independentistas no es tanto que Cataluña sea reconocida como nación,
por mucho que el tal reconocimiento constituyera en su momento una de las causas mayores
de discordia con el Tribunal Constitucional en la célebre y maldita sentencia descalificadora
del Estatuto de Cataluña, sino que lo que de verdad y últimamente desean es constituirse en
un Estado propio. Pues, aunque la teoría dice que la consecuencia natural de la identidad
nacional es poseer un Estado, dado que no todas las naciones acaban siéndolos, y, dado
que el poder político emana del Estado y no de la nación, a lo largo de estos últimos años
los independentistas han entendido bien que el reconocimiento nacional sin más se queda
corto para satisfacer sus ambiciones. De ahí que su reclamación no tenga otro objetivo que
el de conseguir la soberanía de que gozan los Estados de pleno derecho. Que esa soberanía
se vea cada vez más mermada por el fenómeno de la globalización, les importa poco. Pues,
con más o menos poder de legislar y de decidir, hoy por hoy, los Estados siguen siendo los
que tienen la última palabra a nivel nacional. Las naciones sin Estado, en cambio, siempre
dependerán de ese poder superior. De lo que Jordi Pujol se lamentó siempre era de no ser
tratado como un auténtico jefe de Estado por los países de nuestro entorno. Ser tratado de tú
a tú por cualquier presidente de gobierno de un Estado de pleno derecho es lo que el soberanista
catalán quiere para su presidente.
Es cierto que la soberanía tiene grados que, en algunos casos, llegan a conferir un poder
casi estatal. El Quebec, por ejemplo, es un estado soberano dentro de Canadá, que rinde
cuentas a la reina de Inglaterra a través de un gobernador y tiene reconocida una única
lengua oficial, el francés. Aunque en algunas materias, como política exterior, el gobierno
federal canadiense tiene plenos poderes, sin embargo, a Quebec se le han autorizado dos
referéndums y, a partir de la Ley de la Claridad, puede seguir convocándolos, aunque con
condiciones severas que constituyen un límite casi infranqueable para los secesionistas. El
hecho es que la provincia de Quebec goza de una soberanía especial en el seno del resto de
provincias canadienses.
Si la posición del soberanista no admite términos medios, algo parecido le ocurre al otro extremo
en discordia, el representado por los “unionistas”, menos proclives a ceder ni retractarse
de sus creencias con respecto al ser de España. Éstos se aferran al artículo 2 de la Constitución
Española que proclama la “indisoluble unidad de la Nación española” con un fervor que no
gusta de matices. No importa que, a continuación, el mismo artículo se refiera al “derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones”. El credo de que España es una e indivisible
puede admitir ciertas formas de autogobierno, pero nunca podrá llegar tan lejos para que una
parte de su territorio se convierta en un pueblo soberano.
La difícil conciliación de ambas posturas (de ambas creencias) se debe, a juicio de algunos
con quienes me identifico, a la no apreciación de la flexibilidad y apertura que de hecho
contiene la Constitución Española. Es la tesis, por ejemplo, de quien fue letrado mayor del Parlamento
de Cataluña durante el procés, Antoni Bayona. Una tesis desarrollada con esmero e
inteligencia en su libro recién publicado: No todo vale. Las miradas de un jurista a las entrañas
del procés. Reconoce Bayona que la convicción, para él firme, de que la Constitución era un
texto flexible y abierto a cambios saltó por los aires con la Sentencia del Tribunal Constitucional
contra el Estatuto de Cataluña, y con el desencuentro sucesivo entre los gobiernos central y autonómico.
Aunque, tras los últimos litigios y desencuentros, más bien haya cundido el desánimo
sobre un posible desarrollo de la Constitución que ponga de manifiesto su flexibilidad, lo que
es evidente es que ninguna reforma, por rupturista que se pretenda, podrá llevarse a cabo al
margen de la Constitución. “No todo vale para defender las tesis soberanistas”, arguye Bayona,
desde su desengaño, pero leal al derecho, pues lo que no puede valer en ningún sentido
es prescindir del marco constitucional. Así pues, cualquier propósito de transacción entre las
partes más distanciadas del conflicto ha de pasar por que una y otra renuncien a sus dogmas.
Sea cual sea la forma de soberanía que se aspire a conseguir, tendrá que discurrir por los
cauces constitucionales. Por lo que hace a la otra parte, los cauces constitucionales han de ser
lo suficientemente abiertos para permitir vías más amplias que las que expresan los unionistas
puros y duros. Lo cual significa, por lo menos, plantearse que un artículo aparentemente tan
poco interpretable como el que proclama la unidad indisoluble de España pueda considerar
un encaje entre una soberanía (parecida a la que tiene Quebec) y la soberanía del Estado
español, que no sería satisfactoria al cien por cien para ningún defensor extremo ni de la independencia
ni de la unión, pero sería una transacción seguramente satisfactoria para una gran
mayoría de catalanes y españoles.
En resumen y conclusión, tan intransigente es el anclaje en una concepción de la soberanía
de máximos, como lo es la lectura esencialista del artículo 2 de la CE, que conduce al rechazo
sin matices de la reforma constitucional. En el fondo, todo se reduce a una lucha por el poder,
un poder supuestamente soberano que, si bien en la realidad globalizada cede soberanía
todos los días, reproduce con fidelidad la tesis de Wendy Brown en su excelente libro: Estados
amurallados, soberanía en declive. Efectivamente, la intensificación de los muros y las fronteras
no es más que una muestra fehaciente de la debilidad de los Estados-nación al verse privados
del poder y la soberanía que tuvieron en otros momentos de su historia.
2. El segundo gran obstáculo con que se encuentra la reforma federal es la falta de legitimidad
creciente que está afectando a las democracias occidentales. Por muchas razones, que
han sido ampliamente analizadas, nos encontramos ante una indefinición del demos que ha de
erigirse como sujeto indiscutible del gobierno democrático. ¿Quién constituye el demos?
La falta de legitimidad, de hecho, se cierne sobre una forma de democracia, que es la
nuestra: la democracia representativa. El “no nos representan” de los indignados apuntaba
certeramente cuando se hacía eco de un malestar creciente y desatendido por los representantes
políticos. Éstos, elegidos para legislar y decidir, responsables de los problemas que afectan
a miles de ciudadanos en medio de una crisis económica brutal, parecían haber renunciado
a su función. Mentían o miraban a otro lado. Frente a ellos, estaba el pueblo, el auténtico demos,
que sí sabía lo que necesitaba y se contraponía a unas instituciones desconcertadas y sin
rumbo. De dicho malestar nacieron los populismos y, en gran medida, el resurgir nacionalista
de los últimos años. Se consiguió con una identificación fácil y simple: la reducción de la democracia
al voto del pueblo, amén de la consideración del pueblo como el ciudadano bueno
frente a unas elites perversas y egoístas.
Todo nacionalismo (también todo populismo) es reactivo: reacciona ante una realidad
que le ofrece motivos sobrados para afirmar su propia ideología. En el caso del nacionalismo
catalán, la espiral independentisa fue un proceso reactivo basado, más que nada, en el malestar
derivado de la crisis económica y el empobrecimiento rápido de muchos ciudadanos.
La crisis le proporcionó la ocasión, el momentum oportuno, para activar la pulsión secesionista
que, de forma interminente, se había venido manifestando en los tres últimos siglos de
nuestra historia. Era el momento propicio para que se retroalimentaran dos nacionalismos/
soberanismos antagónicos, el español y el catalán. Nadie ha explicado mejor que Nietzsche
la esencia de ese proceso reactivo: el resentimiento por el que uno se afirma a sí mismo a
partir de la negación del otro. El nacionalismo catalán se erige a costa del nacionalismo español,
mientras aquél siente la necesidad de reforzarse a sí mismo para negar la legitimidad
de este último.
A mi juicio, es esa lucha de soberanías el obstáculo mayor para que los extremos empiecen
a dialogar y se dispongan a transaccionar alguna propuesta. En términos jurídicos,
la transacción parte de la premisa de que transigere est alienare, es decir, para que la transacción
tenga lugar, ambas partes deben renunciar a los juicios que los separan y abrazar
otros supuestos más aceptables por unos y otros. Algo parecido es lo que propone Rawls con
lo que él denomina “consenso entrecruzado”. Es el tipo de consenso al que deberían poder
llegar posturas antagónicas, para lo cual, el primer requisito es que ambas renuncien a cualquier
tipo de “teoría comprehensiva”, ideología o metafísica –por lo general religiosa– que
la otra parte nunca aceptará. Mientras los independentistas se aferren a un derecho a la autodeterminación,
sumamente discutible para Cataluña, y los unionistas a una indivisibilidad
de España, reticente incluso con respecto a la descentralización autonómica, la negociación
para poner las bases de un acuerdo es imposible. De entrada, dialogar o negociar es un intento
inútil desde posturas radicales, más cercanas a dogmas de fe, que a opciones políticas.
Las reformas federales propuestas hasta ahora, por los grupos políticos: la Declaración
de Granada del PSOE o la Reforma Federal de la Comunidad Valenciana; y, en el ámbito
de la sociedad civil, la propuesta hecha por un grupo de constitucionalistas bajo la dirección
de Santiago Muñoz Machado, o el texto elaborado por el Círculo de Economía de Cataluña,
tienen un denominador común: la posibilidad de un encaje entre España y las comunidades
más beligerantes parte de la aceptación de la asimetría con respecto al encaje del resto de
comunidades autónomas. En dicho terreno, la discusión más perentoria es la que afecta al
modelo de financiación y a la consideración de un concierto económico para Cataluña similar
al vasco. Más allá de los reconocimientos simbólicos, el reclamo de una agencia tributaria
propia no debería ser un impedimento insalvable para revisar el modelo de financiación.
Tampoco tendría que serlo un concierto económico que reconsiderara a fondo la tramitación
del cupo para ambas comunidades. En un modelo federal, la asimetría tiene que ser compatible
con el principio de solidaridad. Es un imperativo ético-social irrenunciable.
Por posibilistas que queramos ser a propósito de una negociación exitosa que consiga
reformar el Estado de las Autonomías, no seamos ilusos ni perdamos de vista la tesis de
Stéphane Dion, el artífice de la ley canadiense recién mencionada, que nunca ha dejado de
decir que los nacionalismos son insaciables. Dicho de otra forma, para los nacionalismos el
punto de llegada es la secesión y lo será siempre por utópica que parezca. Es así, y vuelvo
a insistir en ello, porque sólo con la secesión se alcanza la soberanía anhelada. De ahí que
las propuestas más cautas, procedentes de ámbitos independentistas, apunten, en estos momentos,
a un proyecto que denominamos “confederal”. El Plan Ibarretxe lo intentó sin éxito y
parece que por el mismo camino discurre el nuevo proyecto de reforma del estatuto vasco. La
última reforma del estatuto catalán también tenía esa aspiración. Me pregunto si una reforma
transaccional y satisfactoria tiene que tener en cuenta dicha aspiración. Gestionarla bien es
lo que supo hacer el gobierno federal canadiense, precisamente de la mano de Stéphane
Dion. Se consiguió, no cortar de raíz el anhelo independentista, pero sí poner muy difícil la
consecución del mismo.
III
Vuelvo al inicio de este artículo. Tenemos un Estado federal en ciernes que podría hacerse
realidad con algunos cambios emprendidos con voluntad y valentía para superar las posiciones
extremistas. Aun cuando esa actitud consiguiera los objetivos de la reforma, a mi juicio, lo
definitivo no es sólo la construcción de un modelo federal, sino conseguir que el espíritu federal
se instale en las conciencias de quienes tienen que hacer que el modelo funcione. Hoy por hoy,
la cultura federal es ajena a nuestra forma de actuar. Es tal vez lo que más distancia al Estado
de las Autonomías de un Estado federal.
El principio de solidaridad (concepto semánticamente cercano a la fraternidad) está presente
en la Constitución Española desde el principio, como un valor fundamental (Artículo 2),
y como aspecto básico de la organización territorial del Estado (artículos 138.1 y 158.2).
Cuando la solidaridad territorial falla, los distintos territorios se atomizan, se vuelve endogámicos,
falta un auténtico sentido de Estado. El proyecto soberanista renuncia a construir
ese sentido “común” porque lo quiere sólo para “su” territorio. La misma lógica es la que
subyace a la dificultad de Europa de conseguir unos “estados unidos” que actúen políticamente
como tales. Por su parte, los antisoberanistas más radicales no conciben otra forma
de organización que la del Estado-nación decimonónico, trasnochado por definición y sin
visión de futuro.
Mientras nos movamos entre un “nacionalismo de oposición” y un “nacionalismo de legitimación”,
según la denominación acertada de José Antonio Pérez Tapias (Invitación al federalismo),
no saldremos de la espiral nacionalista/soberanista tan contraria a los valores que,
por otra parte, decimos estar reconociendo. Se alude hoy a una vuelta a la república, como
superación de los Estados-nación. Lo que importa no es cambiar el nombre y dejar de hablar
de Estado para dar la apariencia de que se elimina la dominación. Se trata de partir de la
idea de que la interdependencia es inevitable, y que la mejor forma de enfrentarse a ella es
insistiendo menos en las diferencias y más en la igualdad. Sólo así se ponen las bases para la
convivencia y la fraternidad entre lo que antaño fueron las naciones.
Desmitificar el concepto de soberanía, o de sujeto soberano, es el primer paso. Rovira i
Virgili ya habló de una soberanía a modo de círculos concéntricos, no como un poder absoluto.
Pero los círculos, por mucho que se contengan unos a otros, pueden ser cotos cerrados en sí
mismos. El espíritu federal es el de una soberanía compartida. Nada que ver con la idea de
poseer muchas identidades no excluyentes entre sí. Aunque las identidades importen, si partimos
de ellas, empezamos mal, pues, para compartir, hay que escuchar al otro, olvidarse de
uno mismo, mirar al que es diferente.
Reconozcamos, con Carl Schmitt, que la soberanía se construye por secularización del
poder divino; es un concepto de origen teológico. La recuperación de la soberanía popular,
en el sentido tosco y simplista de que el pueblo decide con el voto y la democracia se reduce
a eso, busca mantener ese sujeto que se hipostasia ahora, no en un monarca ni en un estado,
sino en el pueblo. El federalismo no necesita hipostasiar ninguna idea de soberanía. Como
dice Ramon Maiz, es la teoría de “un Estado Constitucional sin soberano, basado en la idea
de que todos los poderes debieran estar distribuidos en distintas esferas y limitados por la
Constitución” (La frontera interior: el lugar de la nación en la teoría de la democracia y el
federalismo).
De la misma manera que no hay un sólo federalismo, sino muchos modelos, el federalismo
es un proceso que no acaba. Cuando Kant pensó en un mundo federal, sabía que ese fin era
imposible, pero pensó que se podía avanzar hacia él, era la “idea reguladora” desde la que
habría que analizar los desajustes de los estados empíricos. Pero el progreso hacia un federalismo
más completo requiere una actitud que no pierda de vista los términos en los que debe
moverse: no se trata de separar ni de distinguir, sino de unir.



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