Independencia del juez e imperio de la ley

noviembre 28, 2019

Francisco J. Laporta

Para Alfonso Ruiz Miguel

No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos (Deuteronomio, 16,19)
Escribía don Diego Hurtado de Mendoza sobre la organización de la justicia después de la toma de Granada: “Pusieron los Reyes Católicos el gobierno de la justicia y cosas públicas en manos de letrados…cuya profesión eran letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrupción de costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrecheza de amistades, no vestir ni gastar suntuosamente; blandura, humanidad en su trato, juntarse a horas señaladas para oír causas, o para determinarlas, y tratar del bien público”. Así era como debía actuar y vivir el juez. Ello respondía, en efecto, a una tradición que hacía descansar la garantía de la justicia y la calidad de la decisión en la persona del juez y su conducta moral. Se veía al juez como alguien por encima del medio social en que juzgaba y vivía, evitando incluso que fuera natural del lugar donde ejercía para evitarle roces y relaciones de todo tipo. Y era un lugar común muy extendido. A esa exigencia tradicional de rectitud se añadían además dos virtudes fundamentales: la imparcialidad y la independencia. Eran, por así decirlo, las virtudes que más naturalmente definían la tarea del juzgador; por eso acabaron por ser las que configuraron los principios de lo que se conoció después como justicia natural: la de ser imparcial respecto de las partes y procurarles por igual los medios de argüir (audiatur et altera pars); y la de ser independiente, en el sentido básico de que no había de derivarse de sus fallos ningún beneficio o daño particular para el juzgador mismo (nemo iudex in re sua). Y son, como podrá apreciarse fácilmente, virtudes o principios que tienen una zona de significación común, porque la parcialidad resta independencia y la dependencia resta imparcialidad. Tan característicos son estos principios de la tarea de juzgar que pronto ingresaron en la lista de las exigencias básicas del llamado derecho ‘natural’. En una sentencia inglesa de 1615 se afirma así que “hasta una ley del parlamento hecha contra la equidad natural que haga de un hombre juez de su propia causa es nula en sí misma, pues iura naturae sunt inmutabilia y son leges legum” . Esa percepción de principios inmutables por encima de la ley no es nada extraña; como muestra el texto que encabeza este ensayo, se remonta a los inicios de la tradición judeo-cristiana. Aparece ya en el Antiguo Testamento, con una expresa asimilación de la función del juez con la imagen de Dios. “Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis” (2 Crónicas, 19,6). Por eso, la imparcialidad y el sentido de la equidad se hayan incorporadas como rasgos inmanentes de la función de juzgar en esa tradición milenaria. “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo” (Levítico, 19,15).
Tales antecedentes explican desde luego la profundidad de esa convicción en nuestra cultura jurídica, pero no es necesario recurrir al derecho natural o las creencias religiosas para fundamentarla. En realidad es suficiente con que pensemos en las condiciones que hacen posible pensar la figura de un juzgador para darnos cuenta inmediatamente de que esas virtudes y sus correlativos principios son condición necesaria de la existencia de la función de juzgar. El rol social de juez no es sino un haz de expectativas normativas que ha de cumplir quien ocupa ese rol. Y no puede concebirse como juez a quien vive en el desorden, y es parcial o dependiente pues cualquiera de esas cosas impide de raíz la aceptación de la autoridad de su fallo, es decir, la posibilidad de que el juicio sea una vía aceptable para la resolución de un conflicto. Un juez parcial o dependiente, y no digamos un juez corrompido, ha abdicado de las propiedades básicas que le definen como juez: simplemente ha abandonado su condición de juez. Y con ello ha traicionado no sólo a la justicia entendida en abstracto, sino al derecho mismo. En efecto, esa percepción del juez como constituido por esas virtudes puede ser un corolario bastante razonable si se contempla el papel y la posición del juez como ingrediente fundamental, no sólo de este o aquel tipo de derecho, sino del derecho mismo. Porque esas virtudes se han considerado siempre como un presupuesto del papel del juez en el mundo del derecho. En efecto, si tuviéramos que definir el derecho como orden social y su función básica en la vida humana, bastaría a mi juicio con que mencionáramos dos rasgos fundamentales: la prohibición del uso privado de la fuerza en la comunidad, y la presencia de un tercero con autoridad para resolver los conflictos. Allí donde se dan estos dos ingredientes puede decirse que tenemos ya un orden que podemos llamar derecho. Ya lo formuló genialmente John Locke: “Y esto saca a los hombres del estado de naturaleza y los pone en un Comunidad política, al establecer un juez sobre la tierra con autoridad para decidir todas las controversias y para castigar las injurias que puedan afectar a cualquier miembro del Estado” (cap. 7, 89).
Así pues, este es el arquetipo o modelo que nuestra tradición jurídica nos dicta de lo que es un juez: conocedor de la ley, de vida personal contenida y virtuosa, imparcial e independiente. ¿Cómo afecta el ideal del imperio de la ley a ese viejo arquetipo cultural? En primer lugar, sustituyendo en él la exigencia de juzgar con justicia por la exigencia de juzgar con legalidad. Esto parecen palabras mayores, porque puede ser interpretado como el abandono del ideal del juez justo en favor del juez meramente legal, pero el hecho es que la idea de imperio de la ley da un contenido preciso a uno de los deberes básicos del juez: el deber de tomar sus decisiones ateniéndose al derecho. En nuestro mundo actual de derecho predominantemente puesto, “positivo”, y escrito, ese atenerse al derecho es simplemente atenerse al sistema de fuentes establecido. Y puede pensarse que eso supone una honda modificación de aquel modelo tradicional. Porque el actual imperio de la ley lleva consigo una reconfiguración de las fuentes del derecho. Ahora ya no se trata de indagar en un cúmulo informe y desconocido de disposiciones desordenadas y exigencias morales, costumbres mejor o peor recopiladas y derechos tradicionales, sino de articular una argumentación que parta de normas jurídicas positivas razonablemente identificadas por su origen a partir de los procedimientos establecidos para la creación de normas. Y después, y esto es importante, aunque a quizás se pretenda a veces llevar demasiado lejos, está el Estado Constitucional, la Constitución, que tiene un efecto de impregnación de todo el orden legal. Que eso excluya la necesidad de apelar a una idea de justicia de una naturaleza distinta a la de esas fuentes es algo de lo que al final diré algunas palabras.
En segundo lugar, la presencia tan decidida de esa legalidad vigente, con sus exigencias de actividad profesional técnica, ha podido ser vista como algo que hace que la peripecia personal del juez y su vida privada pasen ahora a un segundo plano, pues el juez puede ser en sus actividades particulares y sociales más o menos cumplidor con aquellos deberes que mencionaba Hurtado de Mendoza, incluso poco cumplidor, y atenerse sin embargo con firme lealtad a las normas jurídicas que ha de aplicar. Este es un nudo de problemas del que no voy a ocuparme aquí, aunque ha sido bien estudiado entre nosotros. Pero no debemos olvidar, que la actividad judicial se basa también en unas relaciones de confianza de los ciudadanos que les permiten dejar en las manos de la judicatura la solución de sus conflictos sobre la base del conocimiento del derecho, la imparcialidad y la independencia. Ensombrecer esa confianza con comportamientos inapropiados o contrarios a las convicciones comunes puede dañar la imagen simbólica de la justicia, también muy importante para la convivencia social. Esas, entre otras, son las razones que apoyan la existencia de códigos éticos y deontológicos para los jueces más allá de las normas jurídicas que disciplinan su actividad.
Pero el ideal del imperio de la ley impacta también sobre otros importantes extremos de nuestra cultura jurídica. El imperio de la ley es una criatura del liberalismo y de la ilustración, que concibe muy definidamente al derecho, a la ley, como una protección de la libertad y de la autonomía de los ciudadanos, y lleva por ello consigo dos corolarios básicos que van a alterar profundamente la percepción de la independencia judicial. El primero de esos corolarios es que la libertad individual exige el control del poder por el derecho: el ejercicio del poder puede ser una amenaza latente contra la libertad individual y ha de estar por ello limitado por las leyes. El ciudadano, en consecuencia, ha de poder apelar a la ley contra el poder mismo, y precisa por tanto de una autoridad ante la que apelar. Esa autoridad va a ser el juez, que tiene que separarse así de su tradicional connivencia con el gobierno. El segundo corolario es, por ello, la eclosión del principio de separación de poderes como una exigencia institucional del Estado liberal. Es preciso un mecanismo de aplicación de la ley al margen del poder ejecutivo, y ese mecanismo es el procedimiento judicial. Este aspecto del mecanismo institucional de la separación de poderes es seguramente el único que no ha sido cuestionado todavía y permanece firmemente en vigor desde los orígenes mismos del ideario liberal. Y viene a declarar que la judicatura es independiente del poder convencional de gobernar. Aquella vieja idea de que en el monarca, es decir, en el gobierno, se residenciaba también la jurisdictio salta por los aires. El poder judicial ha de separarse del poder ejecutivo, configurando una instancia autónoma e independiente de ese poder. Un gran poder, si se quiere, pero un poder ejercido por quienes, según la célebre metáfora de Montesquieu, se limitan a ser la “boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su severidad” . La ley, emanada de la voluntad general, es vehiculada por el fallo del juez para contener al poder gubernativo en sus límites. Por eso el juez ha de ser independiente de ese poder. De lo contrario acabaría por ser juez y parte, es decir, juez en su propia causa.
La de independencia judicial es una de esas nociones sobre las que se debate intensamente. Y no sólo con ánimo defensivo o agresivo, que también, sino como consecuencia de su complejo perfil conceptual. Más que de un concepto unívoco y claro se trata de un concepto que pudiéramos llamar poliédrico, como una suerte de mosaico de múltiples piezas, y las discusiones, y también las confusiones, que muchas veces surgen se producen porque se enfoca predominantemente una de las caras del poliedro y se ignoran las demás. Creo por ello que debemos comenzar por una definición mínima y básica y hacer sobre ella algunas reflexiones. Hay una excelente, del jurista chileno Alfredo Ectheberry, que me parece un buen punto de partida. Independencia judicial “significa que, cuando decide un caso, un juez debe tener en cuenta solamente las pruebas producidas sobre los hechos del caso, las previsiones constitucionales y legales, y su sentido de la justicia y la equidad tal y como están presentes en su conciencia” . Es particularmente adecuada porque enfoca como núcleo fundante de la independencia judicial la condición personal y profesional en la que se desarrolla el acto de juzgar un caso. Y de acuerdo con ella un juez es independiente cuando al sentarse ante el caso, ante cualquier caso, puede aislarse de cualquier otra consideración y tomar la decisión de acuerdo solo con los hechos probados, las normas jurídicas en vigor y su sentido de la justicia.
Naturalmente, puede haber muchos posibles orígenes y causas de interferencias y condicionamientos en ese ámbito de independencia que ha de tener el juez ante el caso. Eso seguramente es lo que hace del concepto un nido de problemas. Etcheberry afirma con razón que un juez no es independiente si, para ser nombrado, el sistema legal le sujeta a decidir casos en favor de las autoridades que le nombran; si está expuesto a la remoción de su cargo como consecuencia de decisiones contrarias a otros poderes o agencias del Estado; si por las mismas razones corre el riesgo de ser trasladado a una posición inferior o de peor calidad; si su promoción depende de la voluntad discrecional de otros poderes del Estado hasta poder ver bloqueada su carrera si decide contra dichos poderes; si su remuneración puede incrementarse o reducirse sin criterios objetivos, sino simplemente por voluntad de otros poderes del Estado. “Se entenderá fácilmente – escribe el jurista chileno – que tales situaciones dificultan la independencia del juez, pues cuando tiene que decidir un caso inevitablemente tendrá en cuenta – aunque sea para rechazarlos – otros factores diferentes del texto de la ley, los hechos del caso y su sentido de la justicia” .
Pero es muy importante que hagamos ahora y en relación con esto una advertencia. El aspecto, llamémosle subjetivo o personal, de la independencia, no debe confundirse, como lamentablemente se hace a veces entre nosotros, con la existencia de un presunto “tercer” poder o rama de poder, junto al Legislativo y el Ejecutivo, que se organiza institucionalmente como separado o independiente de los otros. La organización institucional de la judicatura, de cualquier forma que sea, no es algo que necesariamente tenga que ver con la independencia judicial. La experiencia pone de manifiesto que puede haber jueces perfectamente independientes en el seno de una organización que no cumpla ciertos requisitos de independencia “institucional”, como es el caso de Alemania o Estados Unidos; y, muestra también, en sentido contrario, que puede haber un diseño institucional autónomo del poder judicial entendido como una tercera rama de poder que sin embargo no acabe por fomentar del todo la verdadera independencia judicial tal y como se ha definido. Lo importante es tener claro que cualquier organización de la judicatura, por autónoma o independiente que pueda ser, no es per se independencia judicial, sino un mecanismo instrumental para hacer posible la independencia judicial en sentido estricto, que es la que antes he definido. Las cautelas sobre la selección, la remoción, el traslado, la promoción, la remuneración, etc., no son sino barreras externas para impedir que la autoridad que toma esas decisiones sobre la carrera judicial proyecte alguna sombra sobre el ámbito de la decisión personal del caso, que es el lugar donde verdaderamente habita la independencia de los jueces. Constituir orgánicamente algo que llamamos “poder” judicial como un complejo institucional autónomo que toma decisiones no judiciales sobre la economía de la justicia y la carrera judicial, es simplemente crear otra agencia de poder sobre la que, naturalmente, se empiezan inmediatamente a cerner las ambiciones de otros poderes, políticos o de cualquier otro tipo, con el fin de capturarla y ocuparla. Nuestra lamentable experiencia con el Consejo General del Poder Judicial no hace sino corroborar esta triste verdad. Lo que ha sido calificado con razón como un fracaso , no es más que la constatación de que en torno a esa autoorganización de la judicatura se han producido movimientos de todo tipo que no estaban inspirados en la idea de que el organismo se había puesto en pie como instrumento de protección instrumental de la independencia judicial, sino por la mucho menos sana de que podía servir como mecanismo de administración y control de la judicatura misma. Y allá se fueron los gobiernos, los partidos políticos, las asociaciones mismas de jueces, los clásicos corporativismos, alguna secta religiosa, alguna facción ideológica y tutti quanti, a provocar incesantes tensiones y pugnas por ocupar ese espacio de poder. Y entre tanta polvareda, naturalmente, perdimos a don Beltrán. Y si no lo perdimos es porque seguramente se halla, no en la casa del Consejo, sino en la profesionalidad y el talante de tantos jueces que, ajenos a esos tejemanejes, se producen cotidianamente con una amplia independencia.
Aquel predominio de la variable “poder político” como amenaza latente a la independencia judicial tiene su origen teórico, como he dicho, en la función del juez como garante de la libertad del ciudadano frente a ese poder, y siempre es necesario tenerla en cuenta como variable importante para diseñar los mecanismos necesarios de protección de esa independencia. Pero me atrevería a afirmar que no es hoy por hoy y en los países democráticos que operan con las exigencias del rule of law, la amenaza más invasiva que han de soportar los jueces. Reputo como mucho más intensas, directas y difíciles de contener las que surgen directamente de la sociedad civil en la que los jueces ejercen su función. Veamos algunos ejemplos tomados de realidades nuestras o parecidas a la nuestra que se han dado tras la segunda guerra mundial. Un caso arquetípico y muy ilustrador es la presencia de la mafia siciliana o sus parientes próximas en algunas sociedades. Desde la liberación de Sicilia hasta el asesinato del juez Giovanni Falcone, sabemos con certeza que el espacio íntimo de muchos juzgadores ha sido asaltado brutalmente por los condicionamientos extralegales de organizaciones y bandas delincuentes que han tenido sin duda éxito al menos en establecer el miedo como uno de los parámetros de la decisión judicial. El juez independiente tiene en estos casos que superar, vencer ese miedo para poder decidir con libertad; y no se puede pedir al juez, ni a nadie, que transforme su profesión en un ejercicio de heroicidad cotidiana. Mientras que ser independiente es una conducta debida, ser héroe no lo es. Admiramos a Falcone, pero no podemos exigir a todos los jueces que arriesguen su vida por la independencia. Por si las cosas fueran mal en la vecina Italia desde aquellos días y hasta hoy, además de la mafia aparecieron en los años sesenta las brigadas rojas, que colaboraron a nutrir la lista de magistrados asesinados desde otro fanatismo.
Aunque no tengan ni la crueldad ni la solera de la “Honorable Sociedad”, sabemos que hay y habrá en toda sociedad compleja grupos y organizaciones que tratan de condicionar, presionar o interferir en el libre ejercicio de la decisión judicial independiente. Y sabemos también que a lo largo de la historia ha habido jueces venales que se han dejado convencer, de grado o por fuerza. La nómina de jueces corruptos no es pequeña ni poco significativa . Dante tenía reservado para ellos un círculo del infierno, señal inequívoca de que abundaban en su tiempo. Y los hay de todo tipo, también ahora, y los hemos podido ver entre nosotros. Desde los que establecen casi una lista de tarifas por sus decisiones (alguno de ellos, ¡oh ironía!, llegó a tener asiento de vocal en nuestro Consejo), hasta los que se dejan ensuciar de buen grado por hacerle un pequeño favor a un pariente o por alterar una plaza ganada limpiamente en un concurso médico. Y es esta realidad inevitable la que, a mi juicio, se olvida a veces, o se minimiza, por el reflejo condicionado que han provocado las exigencias del imperio de la ley ante el poder político.
Porque hay, en efecto, algunos otros fenómenos que también será prudente recordar para percatarse de todas las dimensiones de infiltración que tienen las amenazas a la independencia judicial. En una revista como ésta no podemos pasar por alto la que supuso durante tantos años el terrorismo abertzale. Mientras el bravo “pueblo” vasco, con su integridad moral mellada por el miedo, miraba para otro lado, o pensaba que algún provecho sacaría de aquello, o se regocijaba con la carnicería, los jueces destinados allí caminaban escoltados y trabajaban amenazados por aquella cuadrilla de fanáticos tan carentes de letras como de escrúpulos. Los fenómenos nacionalistas y, en general, los ideales identitarios, son fuertemente reacios a los frenos y garantías que establece el Estado de Derecho, y por consiguiente son enemigos potenciales de los jueces. Esta afirmación se está comprobando una vez más en los sucesos actuales de Cataluña, que han determinado la enemiga del fanatismo secesionista contra los jueces y la necesidad de protegerlos una vez más. No hace mucho un grupo de jueces destinados en Cataluña, que simplemente están cumpliendo con su obligación bajo el imperio de la ley, ha denunciado prácticas sociales de presión y acoso, y ha expresado su deseo de cambiar de destino. Los documentos que hemos podido leer sobre la fabulación de la ilusoria “república” catalana apuntan todos ellos contra la independencia judicial. Nombramiento discrecional de jueces por el poder ejecutivo y control del contenido de sus sentencias. Todo por la patria, como la Guardia Civil que tanto denostan.
Y no se trata únicamente de estos supuestos de enajenación colectiva nacionalista. La sociedad civil actual muestra cada vez con más virulencia signos de querer superponerse a las decisiones judiciales que no satisfagan las convicciones de cualquier segmento social. Estamos viendo a feministas exaltadas excitando las acciones contra sentencias judiciales, en lugar de hacerlo ante el Parlamento o ante las sedes de los partidos políticos, que son los lugares donde se puede cambiar la ley. Y todos los días podemos contemplar cómo un sector importante de los medios de comunicación se produce como si algunas decisiones judiciales merecieran ser abrasadas ante el tribunal de la opinión. O como si algunos encausados o investigados merecieran de antemano la condena. Porque la existencia de juicios paralelos, sean de cariz político o de otra naturaleza, se ha intensificado exageradamente en nuestra sociedad. No pocos ciudadanos llegan ante el magistrado condenados ya en la tribuna de la prensa. Y eso, como es sabido desde hace mucho tiempo, atenta no solo contra la presunción de inocencia, sino también contra la independencia judicial.
Para todos estos otros fenómenos personales y sociales que amenazan la independencia judicial, la sociedad tiene un arma decisiva: la ley misma. El imperio de la ley en el sentido llano y directo de vigencia y eficacia de las leyes sobre tales realidades es el vehículo natural de protección de esa independencia. Aquí no se trata de frenar al poder político, sino de desarticular y limitar poderes fácticos. A veces poderes fácticos que se sustentan en enajenaciones colectivas de gran fuerza, como los sentimientos nacionales o patrióticos. O en ideologías o convicciones que logran arraigo y militancia en un determinado momento y se creen con derecho a perturbar el iter o el resultado del procedimiento judicial. O en actitudes manipuladoras en favor de alguna opción política o moral, compartidas por intereses, convicciones o sectas religiosas que pugnan también por introducirse en la estructura institucional de la judicatura o en los mismos puestos de juez y magistrado. La ley, como es comprensible, tiene aquí muchas más dificultades para proteger la independencia del juez.
“Por último” – escribe Etcheberry – “las propias pasiones, creencias, intereses, etc., del juez son también amenazas constantes a su independencia. Como se hallan en la mente del juez son las más difíciles de controlar desde fuera mediante medidas legales”. Volvemos con ello a la personalidad del juez y sus creencias como asiento de la independencia judicial. Y la incógnita que nos suscita parece estar más allá de las soluciones que pueda ofrecer el imperio de la ley. Porque sabemos ya que ni la prueba de los hechos ni las previsiones legales generan siempre una decisión como si de un automatismo se tratara. En cuanto a los hechos del caso y la evidencia que se tiene de ellos, todo juez sabe que con frecuencia los métodos probatorios arrojan resultados inciertos, y se habla entonces, no sé si con mucho acierto, de “libre valoración de la prueba” como única vía para reconstruir el resultando de hechos probados. Es decir, la mente y la persona del juez avanzan hacia el proscenio para tomar decisiones que parecen no estar predeterminadas por las pruebas en presencia. Y en cuanto a las previsiones legales, en el Estado constitucional nos encontramos con que las indeterminaciones del lenguaje jurídico, los conflictos de normas, las posibles lagunas, etc., han de ser resueltos en un plano normativo superior de conformidad con cánones constitucionales que con frecuencia adoptan la forma de principios abstractos. Para desentrañar el contenido y el sentido de esos principios, sus posibles conflictos e incompatibilidades, etc., vuelve la mente del juez a tener que avanzar hacia el proscenio para desarrollar su papel en el drama ayuna en gran medida de guion alguno. El ideal del imperio de la ley ha llegado a sus límites, y el juzgador tiene que continuar hasta el fallo sustentándose sólo en sus propias convicciones, en su formación jurídica y, en último extremo, en su carácter mismo. En su conciencia. La conciencia, que es, en palabras de Hegel, “esa profundísima soledad interior en la que desaparece toda exterioridad y toda determinación, es el retirarse a sí de todo sin excepción” . El silencio de la ley, el silencio de todo. Y en ese momento, la única amenaza a la independencia judicial es quizás el juez mismo, con su personalidad, su talante, sus intereses, sus convicciones, y…sus inevitables sesgos. Por eso hemos de insistir una y otra vez en la importancia que tiene para todos, no solo su buena formación técnica sino también su adecuada educación humana.



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