LA CONVERGENCIA ENTRE ECONOMÍA Y ECOLOGÍA, CADA VEZ MÁS URGENTE

febrero 16, 2017
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CRISTINA NARBONA

Introducción

Mi descubrimiento de la interdependencia entre economía y ecología se remonta a mediados de la década de los setenta, cuando comencé a interesarme por el debate suscitado a raíz de la publicación del primer informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento (1972).

Aparecían entonces, también, los primeros textos que cuestionaban la no consideración de la ecología en la teoría económica dominante: en particular, la importante obra de Nicholas Georgescu Roegen, La ley de la entropia y el proceso económico (1971), precursora de la bioeconomía.

Desde entonces, mi profunda convicción de que “no hay economía sin ecología” se ha con- solidado. El coste creciente del agotamiento de los recursos naturales y de las diversas modalidades de contaminación, así como la alteración –en algún caso irreversible– de los ciclos biofísicos que regulan la vida en la Tierra, constituyen amenazas cada vez más graves para el funcionamiento del sistema económico y agudizan las desigualdades sociales.

Lamentablemente, al incipiente cuestiona- miento del paradigma económico de los años setenta siguieron dos décadas marcadas por

la confianza ciega en los mecanismos del libre mercado; y en consecuencia, por un retroceso de la acción pública, que propició una intensa desregulacion de la actividad económica -sobre todo del sector financiero-.

Todo ello ha conducido a la mayor catástrofe económica a escala mundial después de la Gran Depresión, y a la perspectiva de un auténtico colapso social y ambiental.

La comunidad científica viene alertando, desde hace ya más de cincuenta años, sobre el impacto de la actividad humana en las con- diciones de vida en nuestro planeta. Sus advertencias, cada vez más contundentes, no han encontrado suficiente eco en las clases dirigentes, dispuestas a tildarlas de catastrofismo infun- dado, mientras se despreciaba al movimiento ecologista “por oponerse al progreso”.

Sin embargo, seguramente somos la primera generación con suficiente conocimiento sobre las causas y los efectos del cambio climá- tico- el principal desafío ambiental de carácter global, y, con mucha probabilidad, la última generación que puede evitar las consecuencias más dramáticas del calentamiento global.

Pero sólo se puede incidir sobre aquello que puede ser medido. Y el incremento del PIB sigue siendo considerado como el principal indicador del éxito de la política económica, a pesar de sus evidentes carencias en cuanto a la nula información que ofrece sobre cuestiones básicas para el bienestar social: la evolución de las desigualdades, de la degradación del patrimonio natural, de la salud pública o de la seguridad, de la corrupción y de la confianza en las instituciones…

El tiempo se agota, nos advierten los expertos. Los efectos del cambio climático son ya visibles en todos los continentes, con mayor impacto en las poblaciones más vulnerables, en los deltas de los grandes ríos, en los bordes de los desiertos que avanzan, en las pequeñas islas del Pacífico que desaparecen bajo las aguas… Pero también son evidentes en muchas regiones de países desarrollados, como Estados Unidos y Australia , donde la creciente intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos –huracanes, tornados, inundaciones, sequías, incendios…– están propiciando una concienciación de la opinión pública inexistente hace pocos años.

De hecho, sólo el rechazo consciente del actual modelo de crecimiento por parte de la ciudadanía podrá obligar a los gobiernos y a las empresas a reconducir sus respectivas estrategias, para incorporar las exigencias ambientales –con idéntica prioridad que las exigen- cias de control presupuestario y de rentabilidad económica–, así como la necesaria consideración del medio y del largo plazo, y el valor de los “bienes comunes”.

Crecimiento sin límites versus decrecimiento

El crecimiento del PIB es, seguramente, la variable económica que suscita mayor atención por parte de la opinión pública. El paradigma dominante le atribuye todo tipo de efectos positivos: si aumenta el PIB, aumenta el empleo, incrementan los ingresos públicos y por tanto se garantizan el gasto social y las pensiones; el país incrementa su importancia en la escena internacional y adquiere mayor capacidad de interlocución con otros países…

Esta convicción explica el interés continuado por el PIB, –incluso por pequeñas variaciones de este indicador– que mide la cantidad de bienes y servicios que se producen, según sus precios de mercado.

Por supuesto, es importante conocer los resultados del sistema productivo, y no sólo por razones económicas. La producción de bienes y servicios significa uso de materias primas, recursos energéticos, agua, suelo…

Y se lleva a cabo en determinadas condiciones atmosféricas que también favorecen, o dificultan, la actividad económica.

Resulta sorprendente que la teoría económica contemporánea haya minusvalorado extraordinariamente el papel del medio ambiente–olvidando asi la visión mucho más integral de los economistas clásicos–; sin duda, a ello ha contribuido la confianza en el progreso técnico, supuestamente capaz de evitar el agotamiento o el deterioro de los recursos naturales.

Y es cierto que existen hoy día opciones tecnológicas que permiten, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la substitución de los combustibles fósiles por las energías renovables, así como tecnologías que permiten grandes avances en materia de ahorro y eficiencia energética; y que también se están desarrollando técnicas para almacenar CO2 de forma controlada.

Sin embargo, la implantación de estas soluciones se realiza con demasiada lentitud en comparación con el ritmo cada vez más rápido de los cambios en la atmósfera y en los océanos que aceleran el calentamiento global.

La principal explicación de este retraso es la resistencia de los sectores económicos directamente interesados en el mantenimiento del actual modelo de producción y de consumo, que trasladan con eficacia hacia la opinión pública el supuesto riesgo sobre el crecimiento económico si se adoptan medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y que presionan a los gobiernos y a las instituciones supranacionales.

Sin  embargo,  la  OCDE  –organización nada sospechosa de radicalidad en sus planteamientos– comenzó hace ya casi veinte años a analizar el coste económico de no actuar ante los desafíos ambientales, y en particular ante el cambio climático. Probablemente dicho análisis fue el resultado de la actividad de la OCDE como ámbito de debate de los representantes del grupo de países del denominado Anexo 1 del Protocolo de Kioto, es decir de aquellos países desarrollados que se comprometieron en 1997 a reducir sus emisiones de CO2 en el horizonte de 2012.

De hecho, la OCDE se adelantó en sus conclusiones a las del informe de Nicholas Stern, “El coste económico del cambio climático”(2006), que se considera la primera aportación sobre el “coste de la inacción”, estimado en términos de PIB mundial hasta en 2O veces en relación con el coste de las medidas necesarias para frenar el calentamiento global, en el horizonte 2050.

Es decir, lo que afectaría en realidad al crecimiento económico a medio y largo plazo seria el mantenimiento del actual modelo de producción y consumo, y no su gradual transición hacia una economía descarbonizada, a causa de los efectos cada vez más onerosos del cambio climático.

Stern ha seguido trabajando en esta materia, con conclusiones cada vez más contundentes, en cuanto a la conveniencia económica de afrontar con inmediatez las decisiones correspondientes, lo que comportaría, necesariamente, cambios en los patrones de producción y de consumo, en particular en aquellos países con pautas de despilfarro energético y elevada huella ecológica per capita. En esa línea, en una entrevista en The Guardian ( 2009 ), Stern afirmaba incluso que “los países ricos tendrán que olvidarse del crecimiento si quieren frenar el cambio climático”.

El debate entre crecimiento y decrecimiento pasa, necesariamente, por el análisis de las desigualdades actuales, a escala mundial y en el interior de cada país, en cuanto al consumo de recursos naturales y a la cobertura efectiva de las necesidades más elementares (alimentación, agua, energía, salud, educación…).

Es evidente que las dos terceras partes de la población mundial viven en condiciones muy diferentes a las de los países industrializados, y que tienen todo el derecho de disfrutar de los bienes básicos; pero ello no significa que su modelo de desarrollo deba seguir las mismas pautas que los países ricos, ya que hoy existen tecnologías menos contaminantes y más eficien- tes, que pueden ser implantadas de inmediato, con el correspondiente apoyo de la comunidad internacional.

Un enfoque de equidad global exige, pues, una reasignacion de los recursos económicos, que reduzca la huella ecológica de los países más desarrollados, a favor de los ciudadanos más desfavorecidos.

La alimentación constituye uno de los ejemplos más evidentes de distribución injusta e in- sostenible de los recursos: hoy día coexiste el problema del hambre y de la inadecuada nutrición –que afecta casi a mil millones de personas–, con el del exceso de ingestión de proteínas animales y el consiguiente sobrepeso -que afecta a un numero semejante de ciudadanos-.

De hecho, la dieta alimenticia “occidental” -que se está generalizando rápidamente en los países emergentes- contribuye en más de un 20% al calentamiento global, como resultado de la deforestación, consecuencia de la ampliación de praderas para pastos, y de la emisión de metano en el proceso de digestión del ganado, así como al agotamiento de las reservas de agua dulce.

Dicha dieta comporta, por tanto, graves efectos sobre la salud humana y sobre la salud del planeta; y su sustitución por una dieta basa- da en proteínas vegetales permitiría garantizar la alimentación a nivel mundial reduciendo el consumo mundial del agua y sin aumentar prácticamente los terrenos destinados a la producción de alimentos. Pero, por supuesto, ello comportaría menor crecimiento de la actividad de las grandes multinacionales de la alimentación, igual que la transición hacia un modelo energético descarbonizado supone menor crecimiento de la producción de combustibles fósiles.

Sí, es imprescindible el decrecimiento de determinadas actividades, de gran impacto social y ambiental, que se concentran en los países desarrollados y, cada vez más, en los países emergentes. Pero, al mismo tiempo, es necesario que crezca la producción mundial, con criterios de sostenibilidad, en el ámbito de los alimentos, de las energías renovables, del tratamiento y de la depuración de agua, de la reutilización y del reciclaje de residuos… Y, por supuesto, de todas los equipamientos necesarios para garantizar la salud, la educación, la atención a los dependientes, la cultura, la ciencia, las comunicaciones… en todos los países que carecen de dichas infraestructuras.

Crecimiento y/o decrecimiento, por tanto, es un dilema que depende de las actividades concretas, de las poblaciones concernidas… Ello representa también, como antes señalaba, una reasignacion de recursos económicos, reduciendo por ejemplo las subvenciones públicas a los combustibles fósiles, que todavía hoy representan casi diez veces las subvenciones destinadas a las energías renovables, a favor de éstas últimas, para que puedan seguir reduciendo sus costes de producción e incorporando técnicas que compensen su interrumpibilidad… O, en el caso de la gestión de los océanos, la reasignacion de las actuales subvenciones, que permiten la sobreexplotacion de los recursos pesqueros, hacia la pesca artesanal y las tecnologías de menor impacto sobre los ecosistemas marinos.

Volvamos,  en  todo  caso,  al  crecimiento del PIB como indicador de los resultados del “éxito” de la política económica. También en este caso, la OCDE jugó un papel pionero, im- pulsando en 2007 una iniciativa internacional sobre “La medición del progreso de las socie- dades más allá del PIB”. Numerosas instancias internacionales, incluida Naciones Unidas y la Comisión Europea, así como gobiernos de todos los continentes, han realizado avances concretos para desarrollar nuevos indicadores que tengan en consideración cuestiones crucia- les para el bienestar social e individual.

Los avances resultan más fáciles en determinados ámbitos, en los que se trata sobre todo de incorporar actividades importantes que no computan en el PIB –por ejemplo, las tareas domésticas,  que sólo “cuentan” si las realizan personas contratadas a tal fin, pero son “invisibles” si las llevan a cabo gratuitamente miembros de la familia…– ; o si se corrige el actual PIB/capita para que se tenga en cuenta la renta disponible por unidad familiar, más representativa de la capacidad económica de los ciudadanos…

En cambio, la medición de las variables ecológicas resulta extraordinariamente compleja, ya que la asignación de valor monetario a dichas variables, en función, por ejemplo, de la creciente escasez de algunos recursos naturales, o de la importancia de los mismos para los procesos productivos, choca con la imposibilidad de “poner un precio” a la degradación, en algún caso irreversible, de los ecosistemas, o a la alteración definitiva de ciclos biofísicos.

Es aquí donde cobra especial relevancia, desde el punto de vista del análisis económico, los trabajos del Instituto Internacional de Esto- colmo sobre Resiliencia, a partir del estudio diri- gido por J. Rockström, (2009). Aquí se definen nueve “limites planetarios”, de los que, según la actualización de este estudio en 2015,en el caso de cuatro –cambio climático, ciclo del nitrógeno y del fósforo, pérdida de biodiversidad y cambios en los usos del suelo– se ha superado ya el umbral de no retorno; es decir, se han producido ya daños irreparables a los que la humanidad tendrá que adaptarse.

Hay cuestiones, por lo tanto, respecto de las que no cabe sólo una aproximación “monetarista”, sino regulatoria. Por ejemplo, la contaminación producida por determinado tipo de vehículos, con graves consecuencias sobre la salud y sobre el cambio climático no puede abordarse sólo encareciendo tales vehículos, sino prohibiendo la superación de determina- dos niveles de emisión de contaminantes.

Lo mismo sería aplicable al uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, responsables, entre otras cuestiones, de la pérdida de calidad de los suelos y de efectos sobre la salud cada vez más evidentes… O de la incorporación de substancias tóxicas en la fabricación de prendas de vestir o en productos de higiene…

En todos estos casos, está justificado, –por razones de salud pública y de consideración de los “limites planetarios”– el establecimiento de una regulación que, obviamente, significa- ría el decrecimiento de las correspondientes actividades.

Desarrollo sostenible y equidad

Una de las decisiones más importantes adoptadas por la Asamblea de Naciones Unidas es decir, por los representantes de todos los países del mundo– ha sido la aprobación en 2015 de la Agenda 2030, con sus correspondientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una vez concluida la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ( ODM), adoptados en el año 2000.

Se ha integrado así la agenda internacional de desarrollo con la agenda internacional de sostenibilidad ambiental, desde el conven- cimiento que la segunda constituye una condición necesaria para la primera.

Por poner algún ejemplo: la FAO afirma que la preservación de la biodiversidad –terrestre y marina– es un requisito imprescindible para ga- rantizar la producción de alimentos saludables y suficientes para una población que seguirá todavía creciendo los próximos decenios.

Asimismo, la lucha contra la pobreza no tendrá éxito si se siguen ignorando los efectos devastadores del cambio climático sobre los países más desfavorecidos…

Y tampoco alcanzaremos resultados generalizados en materia de salud pública si no se reducen drásticamente los niveles de contaminación en el aire, en el agua y en el suelo…

Los 17 ODS establecen mas de cien metas concretas, en el horizonte de 2030, para todos los países; ello supone un importante cam- bio de enfoque respecto a los ODM, cuyos compromisos se referían sólo al cumplimiento de compromisos para beneficiar a los países en vías de desarrollo. Ello supone el reconocimiento de la necesidad de cambiar el modelo económico en los países más ricos, como condición indispensable para garantizar a escala mundial una distribución más justa de la renta, de la riqueza y del acceso a los recursos naturales.

La “equidad global” se ha ido abriendo paso en las negociaciones internacionales sobre los desafíos ambientales, en particular en la relativa al cambio climático. Eso explica la importancia que han adquirido, junto a las políticas de reducción de emisiones –la deno- minada “mitigación” del cambio climático–, el conjunto de las políticas de adaptación al calentamiento global, la transferencia de tec- nologías limpias y la compensación de daños en los países más pobres, todo ello a financiar sobre todo con aportaciones de los países más desarrollados.

El cambio climático –como cualquier otro de los desafíos ambientales globales– tiene también una evidente dimensión ética: los paí- ses que menos han contribuido al calentamiento global son los que más sufren sus consecuencias, y ello obliga a los países desarrollados a asumir su responsabilidad histórica, impulsando el cambio de su propio modelo económico y apoyando a los países más pobres para evitar o compensar los efectos más dramáticos del cambio climático. Así lo refleja, con nitidez, la encíclica papal Laudatio sí, así como el posicionamiento más reciente de numerosos credos religiosos.

Y en España

Todo lo anterior puede, y debe, incorporar- se al debate sobre las alternativas de la política económica en España. Así lo hemos intentado desde el colectivo de “Economistas frente a la crisis”, poniendo de manifiesto las ventajas que tendría en nuestro país un enfoque integrado economía/ecología, superando la visión mio- pe y rancia que ha prevalecido hasta ahora, incluso desde instancias nominalmente progresistas.

No es de extrañar: España es un buen ejemplo del espejismo que ha confundido cre- cimiento del PIB con progreso duradero y justo. No cabe olvidar que en España el PIB crecía –incluso más que en los países de nuestro en- torno-–, gracias a la burbuja inmobiliaria, al tiempo que aumentaban las desigualdades sociales, la corrupción y la destrucción de áreas valiosas de nuestro patrimonio natural. La crisis debería haber propiciado un debate serio sobre las características y las debilidades del modelo productivo español; por el contrario, la modesta recuperación económica se confía a una perversa combinación de bajos salarios, precariedad y recortes de derechos laborales

Sin embargo, España es también un buen ejemplo de potencial de creación de empleo y de aumento de bienestar asociados a acti- vidades de ahorro y eficiencia energética, de producción de energías renovables, de agricultura y ganadería ecológica, de tratamiento del agua y de los residuos. Sectores, todos ellos, donde lamentablemente se ha producido un retroceso muy significativo mediante reformas legales y cambios regulatorios, en algún caso incluso con carácter retroactivo –con evidente perjuicio para la confianza en la seguridad jurídica de España por parte de los inversores–.

Sólo en el sector de las energías renovables se han perdido más de ochenta mil puestos de trabajo, y se han arruinado miles de inversores, incluidas empresas de gran dimensión.

Todos los informes de la OIT, de la OCDE y de otras instancias nacionales e internacionales señalan la conveniencia de propiciar en España una recuperación económica “verde”, teniendo en cuenta las capacidades hoy desaprovechadas.

De  hecho,  España cuenta con experiencias reconocidas a nivel internacional, como los sistemas de producción, así como de con- trol y evacuación de las energías renovables garantizados por Red Eléctrica Española–; las tecnologías de desalinizacion, depuración y reutilizacion del agua; la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, como la “gota fría”; la conservación de la biodiversidad, en un país con más de la cuarta parte de su territorio incluida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea…

Y no nos faltan tampoco referencias de ex- periencias de los países de nuestro entorno, así como legislación e incentivos en el ámbito de la Unión Europea.

Lo que urge, por lo tanto, es una decidi- da voluntad política, que permitiría convertir a nuestro país en punta de lanza de la impres- cindible transición ecológica de la economía. Confío en que los ciudadanos contribuyan en esta dirección, al ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales.

 



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