HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA Y MODERNA

febrero 16, 2017
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SARA DE LA RICA

Durante los últimos ocho años, nuestra sociedad ha pasado por la peor crisis económica desde el inicio de nuestra joven democracia. Ha venido acompañada, además, de una crisis institucional de incalculables dimensiones. Nos levantamos casi cada día con noticias sobre comportamientos presuntamente corruptos de nuestros representantes políticos, así como de personas que han ocupado cargos económicos relevantes, ya sea en la esfera pública o privada. Estos comportamientos son inaceptables, independientemente de la situación económica de un país, pero producen mucha mayor desafección y hastío cuando gran parte de los hogares se enfrenta a dificultades para llegar a fin de mes.

Lo cierto es que el período 1995-2008, que algunos han denominado como “El Mila- gro Español”, bien podría llamarse “La Enfer- medad Holandesa a la Española”, como muy acertadamente exponen Garicano y Felguero- so (2012):

“La Enfermedad Holandesa es un síndrome que lo padecen aquellos países que súbitamente descubren un recurso natural valioso (petróleo, gas natural, etc). Este descubrimiento provoca una entrada masiva de capital extranjero,

lo cual induce un aumento de la demanda interna que a su vez conduce a un aumento impor- tante de la inflación y debilita la competitividad de las exportaciones del país. Este aumento de la demanda interna provoca, en general, una reorientación de la producción del país. Esto fue precisamente, y de ahí su nombre, lo que le sucedió a Holanda en 1959, que descubrió enormes yacimientos de gas natural en el mar del Norte, atrajo mucho capital extranjero que provocó una revaluación muy sustancial del florín, lo que desembocó en una pérdida de competitividad con el exterior que destruyó el sector manufacturero del país”.

España no descubrió petróleo, ni gas, pero la enfermedad holandesa a la Española vino provocada por el sol y el ladrillo. La demanda de viviendas por parte de extranjeros en las zonas turísticas de nuestro país, la creciente llegada de inmigrantes y la revalorización persistente de los previos de la vivienda provoca en España un crecimiento del sector de la construcción sin precedentes. Este crecimiento se desarrolla, además, tras varios cambios legislativos, a mediados y finales de los 90, que suponen una descentralización importante en los procesos de urbanización lo que otorga un enorme poder a los ayuntamientos. Se comienza a gestar una enorme burbuja inmobiliaria que, para lo que nos ocupa, provoca fundamentalmente dos efectos: Por una parte, una reorientación en el empleo hacia ocupaciones de muy baja cualificación; y, por otra, una creciente capacidad financiera de los ayuntamientos unida a una expansión de su poder ante el enorme desarrollo urbanístico que estaba teniendo lugar.

La reorientación del empleo provoca un aumento sustancial de la demanda de empleos de baja cualificación, fundamentalmente re- lacionados directa o indirectamente con la construcción que aumenta espectacularmente los salarios e incita a muchos jóvenes al abandono escolar en muchos casos, incluso antes de terminar su etapa formativa obligatoria. La expansión de poder y de capacidad financiera de los ayuntamientos invita a quienes adolecen de una falta de ética de responsabilidad pública a unas malas prácticas generalizadas, ante la inexistencia de resortes institucionales suficientes que supervisen e impongan comportamientos transparentes, éticos y legales. Estos comportamientos han alcanzado una dimensión sistémica en los partidos gobernantes de muchas de las regiones, y muy particularmente en aquéllas en las que la burbuja inmobiliaria ha alcanzado mayores dimensiones.

Pero  la  burbuja  inmobiliaria  estalla  en 2008, al desatarse desde Estados Unidos la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión del 29, lo que provoca el desplome del sector de la construcción, que a su vez arrastra a numerosas empresas del sector industrial y de servicios. España pierde casi tres millones de empleos, de los cuales tres de cada cuatro son de baja cualificación. Ocho años después de la crisis, el sector de la construcción sigue sin remontar, y de hecho, aunque se recupere, no sería sano para nuestra economía que alcanzara las dimensiones previas a la crisis actual. Esto obliga a que numerosos recursos tanto físicos como humanos deban redirigirse a otras actividades.

Nuestro país se enfrenta, en 2014, al final de un túnel por el que la sociedad ha transitado durante ocho años. La crisis financiera mundial provoca en 2008 una recesión económica en prácticamente todos los países desarrollados, recesión de la que muchos países comienzan a salir a partir de 2010, si bien es cierto que a diferentes velocidades. Este final del túnel no se vislumbra en nuestro país hasta 2014, al pro- ducirse por fin una reactivación en la actividad económica producida fundamentalmente por dos razones: Un repunte del consumo interno que, a su vez, viene posibilitado por el gradual desapalancamiento de la deuda de los hoga- res, así como por el buen comportamiento del sector exterior. La acertada apuesta de muchas empresas españolas por diversificar la venta de sus bienes y productos a otros mercados ha sido quien atenuó la caída de nuestro producto interior bruto, y quien ha actuado como tractor de nuestra recuperación económica.

Las secuelas

Sin embargo, la recuperación de esta situación no está, ni mucho menos, exenta de dificultades y retos. Entre las dificultades, yo destacaría una de las grandes secuelas de esta crisis, que es la dimensión alcanzada por el desempleo estructural que ha provocado y sus consecuencias para nuestra sociedad. La mayoría de personas de baja cualificación que perdieron sus empleos en la crisis se han cronificado en el desempleo, por tres razones principalmente. En primer lugar, porque durante los años de crisis, la actividad económica ha sufrido un enorme quebranto, y en consecuencia, la demanda de empleo ha sido prácticamente inexistente. En segundo lugar, porque muchas de estas personas deben ser reorientadas hacia actividades diferentes a las que realizaban en sus empleos anteriores ante el desplome de la construcción, y esto lleva tiempo. Y en tercer lugar, y relacionado con lo anterior, por la falta de instituciones eficaces que posibiliten una reorientación adecuada de las competencias de los trabajadores hacia empleos emergentes. A día de hoy, de cada 10 personas desempleadas, 6 llevan más de un año buscando empleo es decir, son desempleadas de larga duración, y de hecho, aproximadamente la mitad de este colectivo lleva más de dos años en esta situación-. La descapitalización de capital humano ante un periodo tan prolongado en el desempleo es evidente, y en consecuencia sus dificultades de empleabilidad son enormes, aunque la situación económica mejore. En De la Rica y Rebollo (2016), se muestra evidencia de que ante la incipiente recuperación económica en la que estamos, son los desempleados de corta duración y, ciertamente, más los varones que las mujeres, quienes están accediendo a los nuevos empleos que se están demandando, mientras que los y las desempleadas de larga duración son prácticamente insensibles al crecimiento de la actividad, por muy notable que éste sea.

De hecho, esta enorme bolsa de desempleados de larga duración y con graves problemas de empleabilidad es una de las razones por las que nuestro país se sitúa a la cabeza de los países con mayor aumento en la desigualdad de rentas en estos años de crisis. La segunda razón es preciso buscarla en la devaluación salarial sufrida por la gran mayoría de personas que han accedido a nuevos em- pleos tras la pérdida de los que mantenían con anterioridad. Los salarios de los trabajadores entrantes a un nuevo puesto de trabajo se han reducido entre un 10% y un 30%, dependiendo de los sectores, y, en consecuencia, han empobrecido a prácticamente todos aquellos que han pasado por el desempleo en algún momento de la crisis, a pesar de volver a estar ocupados. En consecuencia, el aumento de la desigualdad en nuestro país, que es otra de las preocupantes secuelas que nos deja esta crisis, tiene mucho que ver con la masiva pérdida de empleos que esta crisis ha provocado. Todos aquellos que se han visto afectados por la pérdida de sus empleos en estos años han perdido, en mayor o menor medida, gran poder adquisitivo, mientras que las personas que han logrado mantener sus puestos de trabajo, si bien en muchos casos han visto sus salarios congelados durante varios años, se encuentran en el segmento de la población que menos ha sufrido el descalabro en sus rentas.

Los retos

Por desgracia, esta desigualdad, lejos de disminuir, tiene visos de crecer por  uno de los retos a los que el mundo se enfrenta a creciente velocidad, y que no es otro que el del avance tecnológico, que está digitalizando el mundo. En los países más desarrollados, los sectores de la Industria y los Servicios están adaptando las nuevas tecnologías con extraordinaria rapidez, lo cual está provocando el fenómeno denominado Polarización del Empleo. Todos aquellos empleos que implican la realización de tareas rutinarias y por tanto codificables son susceptibles de ser sustituidos por máquinas que realizan estos trabajos de modo mucho más riguroso, rápido y eficaz que los seres humanos. Los empleos en las cadenas de montaje, en las ventanillas de los bancos, en las cajas de los supermercados, por mencionar sólo algunos ejemplos están desapareciendo, mientras que emergen con fuerza dos tipos de empleos que se encuentran polarizados en ambos extremos de la cualificación. Por una parte, aquellos empleos que se complementan bien con las máquinas, bien porque las crean, las arreglan, las mejoran, o simplemente las utilizan. Por otra parte, en el extremo inferior de la cualificación, emergen también con el desarrollo económico empleos relacionados con los servicios, funda- mentalmente personales, para los cuales ni la digitalización ni la globalización parecen ser una amenaza. Estos empleos no requieren alta cualificación, pero sí cercanía.

Los empleos que están actualmente en declive han sido hasta ahora ocupados por gran parte de la clase media de la sociedad. El he- cho de que desaparezcan polariza la sociedad en dos extremos que, sin duda, aumentará aún más la desigualdad en la renta. Los empleos complementarios al avance tecnológico requieren alta cualificación y constante adaptación y son relativamente escasos. Ante el aumento de su demanda, las empresas compiten por re- tener este talento, lo cual provoca una mejora continua de sus condiciones laborales, una de las cuales, aunque no la única, es sin duda el salario. Por otro lado, los empleos emergen- tes en servicios no cualificados, al no requerir competencias específicas y disponer de una oferta relativamente abundante de mano de obra, que además es fácilmente sustituible, se enfrentan a salarios bajos, y en general, pobres condiciones laborales.

El fenómeno de la polarización del empleo está íntimamente relacionado con la implantación de la digitalización en la producción, de modo que aquellos países en los que los procesos de digitalización están más generalizados

en las empresas, presentan un grado de polarización más acusado. En De la Rica y Gortazar (2016), se muestra evidencia de que, en efecto, en los países anglosajones y nórdicos, el proceso de la polarización del empleo está en una fase más avanzada, mientras que España se encuentra, junto a Polonia, Francia y República Checa, en un grupo de países donde este fenómeno es todavía relativamente incipiente. Pero no cabe duda de que este proceso no tiene marcha atrás y avanza a gran velocidad.

De hecho, en España, la crisis ha acelerado este proceso, como se evidencia en Anghel, De la Rica y Lacuesta (2014). De alguna ma- nera, la burbuja inmobiliaria -esa enfermedad holandesa a la española antes mencionada-, fue durante muchos años una cortina que permitió de alguna manera obviar la realidad que se estaba vislumbrando ya en los países desarrollados y seguir disfrutando del “milagro del sol y el ladrillo”. Una vez que la burbuja se explota, la realidad se impone y las empresas que sobreviven ven en la apuesta por la innovación y la digitalización el único camino posible para mantener la competitividad.

 

Hacia una sociedad inclusiva y moderna

 

La cuestión que a la mayoría de los ciudadanos nos preocupa y a algunos nos ocupa hoy es cómo un país maltrecho como España, con casi tres millones de desempleados de larga duración y un envejecimiento galopante se enfrenta a este mundo incierto, cambiante y al- tamente competitivo y exigente. Y la respuesta no es sencilla, como por otra parte cualquiera puede intuir. Sin embargo, las crisis suelen servir muchas veces como revulsivos que permiten virajes que nunca se hubieran producido en entornos de calma y bienestar. Lo peor que podría sucederle hoy a nuestra sociedad es que se aletargara en este inicio de recuperación económica como si la pérdida de bienestar que la sociedad ha sufrido hubiera sido una con- secuencia simplemente de un ciclo económico recesivo que hemos vivido. Esta actitud implicaría tener muy desenfocado el diagnóstico de nuestros problemas y, en consecuencia, de sus posibles soluciones. Aunque es cierto que el ciclo económico recesivo parece haber tocado a su fin, nuestro país se enfrenta a problemas estructurales, y no sólo de índole económica, sino también social e institucional que necesariamente debemos afrontar con determinación. Precisamente por esta razón es necesario aprovechar este momento de inicio de recuperación económica para encaminar nuestro país hacia una sociedad moderna pero inclusiva, con instituciones creíbles y transparentes que faciliten estos cambios y que permitan restablecer la confianza social perdida.

Este proceso exige desde mi punto de vista disponer de una hoja de ruta con dos elementos fundamentales:

Por una parte, no dejar atrás a los grandes perjudicados de la crisis, que son ese colectivo de desempleados que se ha cronificado en el desempleo y cuyas posibilidades de empleabilidad son escasas sin una activación adecuada. Hoy en día, este colectivo representa alrededor del 15% de la población activa -unos tres millones de personas, y es necesario que las instituciones dediquen recursos humanos y materiales para rescatarlos de esta situación y devolverles al mercado laboral. Es cierto que su activación es costosa y, en muchos casos, sus resultados inciertos. Sin embargo, lo que sí conocemos con certeza son las consecuencias sociales de la cronificación en el desempleo. Para el colectivo que lo sufre, no sólo su capacidad adquisitiva se ve fuertemente merma- da. Su salud, tanto física como psicológica, se deteriora notablemente. Y por si fuera poco, existe evidencia de que los jóvenes que han vivido en hogares cronificados por el desempleo exhiben trayectorias laborales menos estables y de menor calidad que aquéllos que han vivido en un entorno familiar ajeno al desempleo, especialmente al de larga duración.

Para activar adecuadamente al colectivo de desempleados de larga duración, hace falta en primer lugar disponer de un análisis detallado sobre la composición del mismo, que por cierto es muy heterogéneo entre las diferentes regiones de nuestro país. Es necesario detectar quiénes son los que afrontan mayores problemas de empleabilidad, así como identificar sus principales deficiencias. Este constituye el primer paso del proceso de activación, que se denomina “Perfilado” del colectivo a activar. Junto a este conocimiento del lado de la oferta de trabajo, las instituciones públicas o privadas encargadas de esta activación deben conocer cuáles son los posibles nichos de empleo, los empleos emergentes, así como las necesidades específicas de las empresas. Esto requiere necesariamente que empresas e instituciones de empleo compartan información, y en consecuencia, colaboren. Con esta información, que proviene tanto de la oferta como de la demanda del mercado, las instituciones deben ofrecer  a cada desempleado un “traje a medida” o diagnóstico personalizado, ofreciéndole el itinerario específico de activación que se supone le posibilitará la vuelta a un empleo en el menor tiempo posible. Es cierto que la mayor parte de este colectivo necesita actualizar competencias, lo que requiere formación, y que las instituciones que se han encargado de esta formación han mostrado un pobre balance en su cometido, entre otras razones por una falta de supervisión y evaluación de la efectividad de los mismos. Por esta razón es imprescindible que el funcionamiento de estas instituciones, de formación así como su financiación, sufra una profunda reforma, de modo que la formación que se ofrezca a los desempleados esté bajo supervisión, se realice en condiciones competitivas y su financiación esté al menos en parte condicionada por el éxito en el proceso de activación, que no es otro que su vuelta a un empleo.

El inicio  del tránsito hacia la sociedad inclusiva a la que debemos dirigirnos pasa sin lugar a dudas por el éxito en la activación de este colectivo. Sólo así conseguiremos que las secuelas de esta crisis no perduren en el medio y largo plazo. De no conseguirlo, corremos el riesgo de que la pobreza se cronifique en muchos hogares, y con ella la desigualdad en ciertos segmentos de la sociedad.

El segundo elemento que debe contener esta hoja de ruta hacia una sociedad inclusiva y moderna especifica los principios por los que debe regirse este proceso de cambio. Estos principios se resumen en mi opinión, en una apuesta decidida por la Calidad: Calidad de las empresas, Calidad de los trabajadores, y Calidad de las Instituciones.

Calidad de las empresas: Son conscientes de que su supervivencia pasa por ser competitivas en este nuevo contexto incierto y cambiante, donde los avances tecnológicos están irrumpiendo con fuerza ya en el ámbito laboral. Las empresas medianas y grandes de nuestro país más expuestas al mercado mundial están ya inmersas en una apuesta clara por la innovación no sólo en los bienes y servicios que ofrecen, sino también en los procesos de producción. Sin embargo, hay un elemento importante que es preciso añadir a esta ecuación, que es la apuesta por la Calidad del Capital Humano de las Empresas. Poner el foco en la calidad del capital humano implica trabajar en un entorno en el que las personas se convierten en el eje central de la empresa. Se crean las condiciones para que los trabajadores sientan la empresa como suya, y por tanto, se comprometan con las necesidades de la misma, para que tengan la capacidad, energía y actitud necesarias para adaptarse a los cambios del entorno, que requieren de una continua formación y ac- tualización de competencias. Esto requiere, por supuesto, de la voluntad de los trabajadores, pero también de la actuación decidida de las empresas. Las empresas que operan con esta filosofía consiguen retener el talento, ese término de que ahora tanto oímos hablar, y que, más allá de retribuciones salariales elevadas, consiste fundamentalmente en ofrecer un entorno laboral amable y no por ello menos exigente. Las mejores empresas de las sociedades más modernas y avanzadas sin duda han hecho ya esta apuesta por la Calidad en el Capital Humano de sus empresas. La productividad laboral aumenta notablemente y con ello sus niveles de competitividad.

Calidad de los trabajadores: Los trabajado- res en este mundo exigente al que nos enfrentamos requieren sin duda de nuevas competencias. El avance tecnológico y la globalización exigen inexorablemente que los trabajadores sean competentes en el entorno digital, y que puedan comunicarse con el resto del mundo, que será en muchos casos el mercado potencial de cualquier empresa. Por esta razón, las competencias digitales junto al conocimiento del inglés se hacen hoy en día imprescindibles, y dada la dificultad de aprenderlas cuando uno es adulto, debieran ser adquiridas en las etapas formativas, y cuanto más temprano mejor. De hecho, las instituciones educativas nos enfrentamos a un enorme reto en lo que respecta a las competencias que deben adquirir los jóvenes en su etapa formativa. En un mundo tan cambiante e incierto, es más necesario que nunca desarrollar en los jóvenes su creatividad, la satisfacción ante el aprendizaje y la capacidad de trabajar en equipo. Una persona joven con estas características es sin duda una persona con talento, preparada para aceptar los re- tos a los que se va a enfrentar en su vida profesional, y a quien sin duda las empresas querrán retener. Pero este talento hay que desarrollarlo, no se nace con él, sino que se desarrolla en los entornos formativos. Por esto, esta crisis debe servir también como revulsivo al sistema educativo para que aborde las reformas de los pro- cesos y contenidos educativos, de modo que el resultado final sea precisamente el de conseguir que los jóvenes que acceden al mercado laboral dispongan ya de ese talento que les acompañará y que sin duda seguirá creciendo en entornos laborales adecuados. Este talento, sumado a una competencia digital adecuada y al conocimiento de idiomas, preferentemente el inglés, da como resultado un trabajador de alta calidad, que aportará sin duda gran valor añadido a cualquier empresa en la que trabaje. Cuantos más jóvenes lleguen al mercado laboral con su mochila cargada de estas habilidades, mejores serán sus oportunidades en el mundo laboral. El esfuerzo que, como sociedad, debemos realizar es precisamente ser capaces de generalizar la adquisición de estas competencias, para que la igualdad de oportunidades sea un hecho en este país, lo que sin duda nos llevará hacia una sociedad menos desigual.

Calidad de las Instituciones: He mencionado en el párrafo anterior la necesidad de adaptación de las instituciones educativas al nuevo entorno. Si bien es cierto que las instituciones educativas tienen entre manos un reto no menor, las instituciones políticas, judiciales y económicas tienen la enorme responsabilidad de restablecer la crisis institucional que en gran medida han provocado. Los comportamientos corruptos por parte de los responsables públicos simplemente imposibilitan el tránsito hacia una sociedad moderna. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia no es igual para to- dos, que muchos de los responsables políticos aprovechan su condición para fines diferentes a la mejora del bienestar de quienes les han elegido, o que personalidades económicas de nuestro país crean empresas en paraísos fiscales para blanquear y evadir impuestos, simple- mente dejan de confiar en el sistema. Esta des- afección es la que ha provocado que emerjan movimientos ciudadanos y tras ellos, nuevos representantes con el compromiso de regenerar la vida pública española. Pero el proceso de regeneración es complicado, puesto que aquellos que más se benefician de la falta de transparencia y rigor son precisamente quienes deben actuar para erradicarlos. Se han dado algunos pasos hacia la transparencia en las instituciones, pero son claramente insuficientes. Es preciso dotar al sistema de mayor control y supervisión del comportamiento de los poderes públicos, generalizar el rendimiento de cuentas ante la ciudadanía, poner ante la justicia a quien incumpla las normas, dotar al sistema judicial de los medios necesarios para acelerar sus procesos, y finalmente que la sociedad perciba que “quien la hace la paga”, sea quien sea el ciudadano en cuestión.

Hay quien argumenta que si bien estos cambios institucionales son necesarios, no son suficientes si no van acompañados de un cambio en los valores éticos de la ciudadanía. Sin duda, las familias tenemos en la educación de nuestros hijos la gran responsabilidad de inculcarles los valores de la honestidad y la solidaridad, pero la relevancia de estos valores se retroalimenta cuando se ven también reflejados en los comportamientos de quienes nos representan. De lo contrario, estos valores van perdiendo relevancia social a medida que las malas prácticas se generalizan.

Tenemos la posibilidad de reformar nuestra sociedad, avanzando hacia una sociedad moderna e inclusiva, pero el reto es exigente y requiere ciertamente de mucha energía y determinación para provocar los cambios estructura- les que necesitamos abordar. Es importante que todos seamos conscientes de los cambios que se nos avecinan, y que avancemos juntos en este proceso. Algunas sociedades europeas, como las nórdicas, avanzan en esa dirección y esto nos confirma que la posibilidad existe. Pero es cierto que sus instituciones son fuertes y su apuesta por la calidad decidida.

BIBLIOGRAFÍA

 

Brindusa Anghel, De la Rica Sara y Lacuesta A. (2014): ”The Impact of the Great Recession on Employment

Polarization in Spain”, SERIES, vol. 5, pp: 143-171.

 

De la Rica, Sara y Gortázar Lucas (2015): “Differences in Job De-Routinization in OECD countries: Evidence from PIAAC”, IZA Discussion Paper No. 9736.

De la Rica, Sara y Y. Rebollo-Sanz (2015): ”Gender Differentials in Unemployment Ins and Outs during the

Great Recession in Spain”, IZA Discussion Paper No. 9.135.

 

Garicano, Luis y Felgueroso Florentino (2012): “Curando nuestra enfermedad Holandesa”, El País, 2

Febrero 2012.

 

 



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