EL MERCADO LABORAL. REFORMAS EQUIVOCADAS Y RECTIFICACIONES

febrero 2, 2017
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ANTONIO GONZÁLEZ

La importancia del mercado de trabajo y de su regulación

 

El mercado laboral es una de las instituciones más importantes de las que componen la economía. El empleo, tanto su nivel en cada momento, como la creación de empleo, sin embargo, por mucho que a veces se afirme o se dé a entender lo contrario, no dependen del mercado de trabajo sino de la actividad económica, del nivel de ésta en cada economía y del crecimiento o no de la misma. El crecimiento de la actividad económica impulsa la demanda de trabajo que realizan las empresas; es por ello que se dice que la demanda de trabajo es una demanda inducida. De ahí que resulte tan erróneo que tan a menudo se atribuya al mercado de trabajo, y no a la economía, la existencia de desempleo o de un desempleo elevado o recurrente.

De ahí, asimismo, que sean también equivocados y tal vez manipuladores los mensajes que en tantas ocasiones han reiterado que, para solucionar el paro y para crear empleo, hacen falta reformas en el mercado de trabajo. Reformas que, desde hace muchos años se dirigen en la misma dirección: la flexibilización (desregulación) del mercado de trabajo.

Es preciso señalar que el mercado laboral es un caso especial dentro de los mercados que operan dentro de la economía, porque está constituido por normas que tienen un carácter económico pero también social. Y esto es debido a que es un mercado que tiene la particularidad de que no trata sólo de regular las relaciones económicas entre la oferta y la demanda de cualquier tipo de bien o servicio, sino que la mercancía que allí se intercambia por un precio es el trabajo, y ese precio es el salario. Por cierto, probablemente el precio más importante y con mayor trascendencia de cuantos se determinan en la economía. Y trabajo y salario son aspectos o elementos fundamentales que integran la vida individual de las personas y colectiva de toda sociedad. De modo que sus reglas han de tener particularidades porque han de considerar esos importantes aspectos sociales.

Con el paso del tiempo, la evolución del sistema económico capitalista y sobre todo de los sistemas democráticos ha permitido establecer normas e instituciones en el mercado de trabajo que han dado lugar a avances en las condiciones de vida de la mayoría asalariada de la población, al igual que una mayor igualdad en la distribución de la renta generada por las empresas y el conjunto de la economía. Instituciones como la negociación de los convenios colectivos, la capacidad de los trabajadores para legalmente presionar durante la negociación de esos convenios, las normas que obligan a cuidar la salud en el trabajo y unas condiciones no inhumanas (como en el pasado) del mismo, o los salarios mínimos obligatorios, por mencionar sólo algunas de ellas.

Por otro lado, existe otra peculiaridad en el mercado laboral y es el desequilibrio intrínseco de fuerzas entre las partes que componen y determinan la oferta y la demanda, los trabajadores y los empresarios. Ese desequilibrio natural, de no ser corregido, impediría que se produjera un reparto equilibrado de las rentas producidas y la existencia de unas condiciones de trabajo dignas, como sucedió en los orígenes del capitalismo. Ese es el origen del derecho del trabajo como conjunto de normas y disposiciones dirigidas a regular las relaciones entre ambas partes en el mercado, equilibrando las condiciones de negociación entre las mismas. Todo mercado en la economía necesita una regulación para poder funcionar eficazmente. En el mercado de trabajo se ha ido entendiendo con el paso del tiempo que esa “eficacia” tiene también que ver con el equilibrio en la determinación del precio (el salario) en el más amplio sentido.

Desde ese punto de vista, el cambio hace más de treinta años en la orientación de la regulación y manejo de la economía, con la hegemonía de las ideas denominadas neoliberales, ha significado en el mercado de trabajo la aparición de las tendencias desreguladoras dirigidas a debilitar o directamente a desmontar el entramado de normas laborales construido después de la Segunda Guerra Mundial. Desregulación en el mercado de trabajo significa, en consecuencia, volver a desequilibrar las relaciones laborales reforzando el poder del empresario en detrimento de la otra parte.

Realizado este, tal vez, largo paréntesis para explicar someramente el contexto y significado de la regulación y la desregulación en el mercado laboral, podemos volver un momento más a la importancia del mismo.

Decíamos que el empleo no depende en sí del mercado de trabajo, aunque siendo esto cierto debe ser objeto de algunas matizaciones. Parece mayoritariamente aceptado por la disciplina económica que el volumen total de empleo depende de la capacidad de la economía, es decir de lo productivo más que de lo laboral. Pero del mercado de trabajo y sus normas sí depende la forma que adopte el empleo, sus características, su estabilidad o no, los niveles de salarios y tantas otras cuestiones relacionadas con ello. Precisamente por las razones expresadas anteriormente en relación con la regulación laboral.

Decimos, por ejemplo, que en el mercado de trabajo español hay mucho empleo precario, a diferencia de los demás países de nuestro entorno, o que hay muchos más despidos cuando llegan las crisis económicas, y eso responde precisamente a la existencia de un tipo determinado de normas laborales, a su cumplimiento más o menos estricto y al funcionamiento del mercado de trabajo.

De tal manera que esa forma que adopta el empleo, independientemente de las condiciones productivas que determinan que se cree tal o cual tipo de empleos, en tales o cuales sectores de actividad, y dado un determinado comportamiento de la economía, depende esencialmente del mercado de trabajo.

Cuando las normas laborales establecen una fuerte flexibilidad (entendida como elevada capacidad de actuación autónoma del empresario) en la contratación y en el despido de los trabajadores, eso actúa –especialmente en un contexto de elevado desempleo– deprimiendo los niveles salariales, lo que ocasiona que actividades empresariales de baja productividad, que en otro caso no habrían podido resultar rentables, porque esa reducida productividad no habría podido compensar el salario, comienzan a crear empleo.

La otra cara de esa moneda son precisamente esos bajos salarios y la escasa ‘calidad’ de ese empleo y las deficientes condiciones laborales. Esa flexibilización supone por lo tanto una elección: algo más de empleo pero en peores condiciones laborales, frente a la alternativa contraria.

Por otra parte, esa flexibilización de las condiciones contractuales (contratación y despido), en la medida en que son habitualmente establecidas con carácter general para todo el mercado de trabajo, entrañan un elevado grado de inestabilidad del empleo. De forma que éste crece más, aunque con peor calidad, cuando la economía se expande, pero asimismo se destruye más rápidamente cuando llega la crisis. No está, por lo tanto, claro que, tomando conjuntamente en consideración los periodos expansivos y los de crisis, el empleo total sea mayor que con reglas de contratación y despido que hagan que el empleo sea más estable.

Esto es exactamente lo que ha sucedido con el caso español. Durante el periodo expansivo de la economía, entre 1994 y 2007, el empleo creció en España más que en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero, a continuación, al llegar la crisis, destruyó empleo de forma mucho más rápida e intensa que los demás. El paro, que había bajado del 20 al 8%, ascendió hasta el 26% cuando en los demás países apenas llegó al 12%.

Es cierto que una parte de esa elevación del desempleo se ha debido al estallido de una bur- buja inmobiliaria que, a diferencia de nosotros, no crearon otros países. Pero lo cierto es que, si excluimos de esa comparación el sector de la construcción, en España la destrucción de empleo ha sido mucho mayor que en los otros países del entorno, incluso con caídas en nuestro caso menores de la actividad económica. Por lo que caben pocas dudas acerca de que la facilidad en el recurso al despido en España –como explicaremos más detalladamente un poco más adelante– ha opera- do, junto a otros factores, en la dirección de destruir más empleo.

Gráfico 1. La mayor destrucción de empleo no es debida al estallido de la burbuja inmobiliaria, sino a que el conjunto de las empresas hacen su ajuste sobre el empleo.

En suma, aunque el empleo y su creación no dependa esencialmente del mercado de trabajo, sino del funcionamiento de la economía, tanto la forma (más o menos precaria) del empleo, como la magnitud de los movimientos oscilantes hacia arriba y hacia abajo del mismo en los distintos ciclos económicos sí que dependen de las características de su regulación.

Del mercado de trabajo depende, por tanto, la forma o el tipo y características del empleo y, en buena medida relacionado con ello, los niveles de salarios y las desigualdades en los mismos. Yendo un poco más allá de lo evidente, en el mercado de trabajo se produce la primera distribución de toda la renta nacional, que algunos llaman predistribución y otros distribución o reparto primario de la renta.

Toda la producción nacional se convierte en renta y ésta se utiliza para retribuir a los factores productivos que participan en su proceso de generación: el capital y el trabajo. Descontando las compras entre sectores, es a través de las instituciones del mercado de trabajo como se distribuye inicialmente la renta. Posteriormente, interviene el Estado a través de los impuestos y del gasto público, produciendo la redistribución de la renta. Pero, resulta fácil comprender que la distribución primaria resulta de una importancia muy determinante. Aunque solo sea porque la parte que el Estado redistribuye es, incluso en los Estados más desarrollados (como los nórdicos, que tienen impuestos y gastos públicos muy elevados), una porción minoritaria de la renta nacional y que no todos los impuestos ni todo el gasto es redistributivo, es decir, tiene capacidad para variar la distribución inicial de la renta.

En consecuencia, la distribución de la renta realizada a través del mercado de trabajo, y las desigualdades en la misma, resultan muy determinantes porque, si éstas son importantes, tanto más difícil resultará corregirlas a través de la actuación del Estado. De aquí se deduce que una parte fundamental de los niveles de desigualdad que existan en cada país vienen derivados del funcionamiento del mercado de trabajo.

En países como el nuestro en los que las instituciones del mercado de trabajo no corrigen bien el desequilibrio de fuerzas entre capital y trabajo, la parte de renta que irá a los salarios será inferior, y a su vez las desigualdades dentro de los asalariados serán mayores. Dos fuentes u orígenes claros de desigualdad que explican, en buena medida, los mayores niveles de desigualdad, por ejemplo en España. El gráfico anterior lo pone bien de manifiesto.

Aunque observando la barra de color más obscuro, correspondiente a los índices de desigual- dad (denominados “índices de Gini”) de las retribuciones equivalentes a tiempo completo de los trabajadores (descontando el empleo a tiempo parcial), la posición de España no es especialmente elevada en términos de desigualdad, la correspondiente a los salarios anuales de los trabajadores es una de las más elevadas. Lo cual se debe a la existencia de muchos más trabajadores respecto a otros países que rotan con los contratos temporales del empleo al paro y trabajan por lo tanto solo una parte reducida del año. Y esto, en parte, hace que la barra más clara y discontinua, que corresponde a la desigualdad de la renta disponible de los hogares, se eleve hasta las más eleva- das de la Unión Europea.

Con todo ello, queremos poner de manifiesto que la relevancia del mercado de trabajo, de su regulación y de su funcionamiento va más allá de las cuestiones, importantes también, que son más evidentes.

Las reformas realizadas en el mercado de trabajo español, sus problemas y la necesidad de una rectificación

Una vez introducida brevemente la importancia del mercado de trabajo, resulta oportuno abordar en este artículo de forma más concreta los problemas del mercado laboral español.

Hay en este momento opciones políticas que apuestan programáticamente por derogar la última o las últimas reformas laborales (la reforma de 2012, en el primer caso, y asimismo la reforma de 2010, en el segundo) que se han realizado en España, y que son causantes de muchos de los actuales problemas que se observan (y que padece una gran parte de la población) en el mercado de trabajo. Más allá de ello, sería necesario, para arreglar todos los problemas, corregir muchos de estos, que provienen de mucho más tiempo atrás. Intentaremos explicar todo esto.

Rectificar, naturalmente, es de sabios. Aunque, si la equivocación se ha cometido al reformar el Mercado de Trabajo, las consecuencias económicas y sociales son tan grandes y graves que casi habría que pedir responsabilidades. La devaluación salarial, que con tanto ahínco reclamaban economistas neoliberales, ahora se reconoce que ha sido un gran error. Lo más incomprensible es que en 2012, cuando se hizo la reforma laboral que agudizó la degradación de los salarios, hacía tiempo que los profesionales de la economía laboral sabíamos sobradamente que:

1) Los incrementos salariales de 2008 y 2009 (que aún hoy se utilizan arteramente para justificar aquella reforma) eran muy inferiores, debido a que la enorme pérdida de empleos de salarios bajos elevaba artificialmente las medias salariales, un ‘efecto composición’ que hoy ya reconoce hasta el Banco de España. Quien, en efecto, ha planteado recientemente en un estudio basado en la Muestra Continua de Vidas Laborales que, si se descuenta el efecto composición, es decir, si se analiza la evolución salarial de grupos homogéneos de trabajadores, se constata que efectivamente hubo un repunte de los salarios reales en 2008 y 2009, pero mucho menor de lo que reflejan las estadísticas agregadas, y que, en contraste con los datos de la Contabilidad Nacional, se produjo un descenso de los mismos a partir de 2010, confirmándose el proceso sostenido de devaluación salarial en los últimos cuatro años.

2) Que en realidad las retribuciones más bajas, las de casi la mitad de los trabajadores, lleva- ban varios años cayendo en términos nominales y mucho más en términos reales.88

3) Y que, como han demostrado los estudios que, justo tras la reforma laboral han realizado los propios economistas citados, las pérdidas salariales han sido monumentales: uno de cada dos trabajadores con contrato indefinido ha perdido su empleo a lo largo de la crisis (la mayoría ya antes de la citada reforma laboral) y si ha encontrado otro similar la pérdida es de un 17% nominal, si el nuevo empleo es temporal en la misma empresa, la pérdida es del 44%, y si es temporal en otra empresa, del 48%. Devaluación salarial ya había, y en exceso. El ajuste laboral se estaba produciendo mucho antes de la reforma y por la vía de los precios, aunque las empresas preferían utilizar las dos vías: los despidos masivos y los recortes de salarios. Ahora, aquellos economistas que reiteradamente pidieron las medidas de devaluación salarial en documentos públicos de enero y abril de 2012, reniegan de los efectos claramente negativos e indeseables de esa devaluación acusando a la reforma laboral de ofuscación. Incluso así, la rectificación es buena, siempre que la haya y no se quede en palabras.

Las medidas esenciales que han acentuado la devaluación salarial son, en primer lugar, la desaparición a fecha fija de todo lo pactado en el convenio (la supresión de la ultraactividad), el debilitamiento de los convenios sectoriales (vigentes en todos los países avanzados del centro y norte de Europa), y la capacidad otorgada al empresario para, por decisión propia y sin ne- gociación, bajar los salarios aunque no peligre la empresa ni la supervivencia del empleo. Estas medidas, entre otras, deben ser rectificadas. Y esa es la primera asignatura pendiente de la reforma laboral: corregir los errores. Para que se comprenda hasta qué punto lo son, y cómo esas medidas han establecido un marco de devaluación salarial permanente, independiente de la existencia derecesión, tan solo hay que constatar que, con la economía creciendo a tasas del tres por ciento, la devaluación salarial se continúa produciendo.

En segundo lugar, otro gran error que hay que corregir es la regulación del despido. Desde el inicio de la crisis se han producido en España más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido, aunque, como se sabe, sus salarios estaban cayendo. Ese desproporcio- nado ajuste de empleo apenas nada tiene que ver con el del sector de la construcción (en el que el empleo es mayoritariamente temporal).

Un ajuste silencioso y taimado porque nueve de cada diez de esos despidos han sido indivi- duales, no a través del despido colectivo, es decir, sin negociación alguna. Y en siete de cada diez, sin que el empresario tuviera que justificar razón alguna, y sin posibilidad material de revisión posterior por un juez. Son los denominados despidos improcedentes, cuya regulación (más bien desregulación, habría que llamarla) provenía de una reforma realizada en 2002. Esa es sin duda la principal razón que responde a la recurrente pregunta de por qué en España el desempleo ha pasado del 8 al 26%, cuando en la media europea apenas ha alcanzado el 12%.

No es sólo el grave problema de la elevada temporalidad del empleo. Las empresas se encontraron al llegar la crisis con una regulación del despido que les permitía realizar todo el ajuste contra el empleo, de forma instantánea. Porque a ello ha de añadirse que el ordenamiento laboral español no establece un sistema de prevalencia de las medidas laborales de ajuste: las empresas eligen libremente entre la panoplia de fórmulas de ajuste, sin que los despidos sean la última de ellas. Más aún, las medidas de ajuste no diferencian entre situaciones o dificultades coyunturales y estructurales de las empresas, de tal modo que pueden utilizar los despidos también para hacer frente a cualquier problema transitorio por leve que este sea. Y desde la reforma de 2012, lo pueden hacer con un despido improcedente, sin causa, que tiene un coste aún más bajo que el que ha dado lugar al abuso del despido desde el inicio de la crisis, y asimismo con un despido por causas económicas que les permite actuar de esa forma ante situaciones de dificultad irrelevantes, que en nada exigirían la traumática adopción de los despidos. Su carácter causal o justificado ha quedado, en consecuencia, prácticamente vacío de contenido.

Recomponer y llevar de nuevo a la racionalidad económica y laboral el despido (en el marco de la regulación de un sistema racional de ajustes laborales) es, por lo tanto, la segunda asig- natura pendiente. Si no queremos que, por mucho empleo que se genere en la recuperación, al más mínimo síntoma de debilitamiento de la economía nos encontremos con otro tsunami de despidos aún mayor que el que hemos padecido, que eleve la tasa de paro más allá de ese tremendo 26%.

En tercer lugar, hay que corregir la desmesurada temporalidad. ¿Cómo es posible que la economía española duplique las tasas medias de temporalidad en todas las ramas de actividad (no en las sujetas a fuerte estacionalidad, en las que a pesar de eso no se justifican tampoco los niveles actuales de temporalidad)? Más extraño aún, ¿cómo puede ser que teniendo, según la OCDE, una de las regulaciones más estrictas de los contratos temporales, se produzca ese clarísimo exceso de temporalidad?

La respuesta es sencilla: la legislación en esta materia se incumple de forma general, sin que ello conlleve consecuencia significativa alguna. Es de conocimiento común que las empresas, al contra- tar a un trabajador, le plantean de inicio un contrato temporal, independientemente de si el trabajo es estable o no. Y esto sucede así por todo lo largo y ancho de la geografía española… aunque la ley no lo permite: no es causa legal para suscribir un contrato temporal simplemente el que sea una contratación inicial. Es más, ese contrato está realizado habitualmente en fraude de ley, y la conse- cuencia de ese fraude es que el contrato se transforme en fijo. Pero eso no ocurre. Porque requiere que el trabajador presente una reclamación judicial, como consecuencia de la cual es despedido por el empresario con una indemnización bajísima, debido a la corta duración del contrato. El ne- gocio es ruinoso para el trabajador, que pierde su empleo y recibe una cantidad exigua de dinero, y no tiene complicación alguna para el empresario que contratará inmediatamente a otra persona con un nuevo contrato temporal en fraude, advirtiéndole de la experiencia de su predecesor.

La regulación legal, pues, favorece y alienta el fraude por las escasas consecuencias de su sanción, y penaliza a los trabajadores indebidamente temporales, castigándoles con un estatuto de inestabilidad laboral permanente, o con el paro. Pero no se trata de crear un contrato con el que los empresarios puedan hacer legalmente lo mismo que ahora hacen de forma ilegal (el contrato único, que permite, con igualmente ridículas cuantías económicas, rescindir sin causa ese contrato a los pocos meses y contratar a otro trabajador, y así una vez tras otra).

Se trata de cambiar el juego de incentivos de tal forma que, ante los casos de fraude en la contratación temporal, el penalizado sea el empresario y el beneficiado, el trabajador. Se trata de desincentivar el fraude creando un dispositivo económico disuasorio, pero no penalizar la utiliza- ción justificada, legal y legítima de los contratos temporales que sean necesarios. Hay actividades, como la construcción, por ejemplo, donde un trabajador temporal al cabo de veinte años continúa siendo temporal porque esa es la naturaleza de su actividad y seguirá comenzando y terminando obras y contratos temporales. Nada hay de reprochable en ello, ni hay trampa de temporalidad. La trampa existe porque existe el fraude cuando el trabajo no es temporal y el contrato sí lo es. Esta debería ser la línea de reforma de la tercera asignatura pendiente.

Y finalmente, las políticas activas de empleo, que requieren un replanteamiento total en varias direcciones: suprimir casi todas las bonificaciones a la contratación, cuyo resultado, según todos los estudios han demostrado, es “peso muerto” en el gasto público; establecer un verdadero sistema de intermediación eficaz que averigüe las carencias de cada desempleado, les dé respuesta con medidas adaptadas, y le conecte con las demandas de empleo del mercado laboral, porque la actual privatización (que exige pagar con dinero público a empresas privadas porque no son capa- ces de cumplir con su misión) es un rotundo fracaso; reformar el sistema de formación hasta hacerlo eficiente y capaz de responder a las necesidades reales, lo cual es lo contrario de abandonarlo en manos de una inmensa red de inútiles empresas privadas de formación. Y todo ello, aumentando los recursos hasta los niveles que tienen los países con bajas tasas de paro de larga duración. Estas son las principales asignaturas pendientes y esta es la forma de conseguir una rectificación a los males que arrastra nuestro mercado laboral y que han sido exacerbados por las recientes reformas.



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